El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, luego de que un juez federal resolviera su situación jurídica durante la continuación de la audiencia inicial celebrada este fin de semana. Como parte de la resolución, la autoridad judicial fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
Durante la audiencia, se informó que el delito por el cual se le procesa habría sido cometido en agravio del erario del estado de Chihuahua. De acuerdo con la determinación judicial, César Duarte deberá permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, mientras se desarrolla la investigación.
El Ministerio Público federal había solicitado un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria; sin embargo, la defensa del exgobernador pidió un periodo mayor con el argumento de contar con más tiempo para robustecer su estrategia jurídica. La jueza responsable del caso concedió finalmente seis meses, como lo solicitaron los abogados del imputado.
Según las investigaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), César Duarte habría desviado recursos públicos a través de dos empresas que presuntamente estaban a su nombre. Los hechos investigados se habrían registrado entre los años 2012 y 2016, periodo en el que el exmandatario gobernó el estado de Chihuahua.
De acuerdo con la indagatoria, el monto total del presunto desvío asciende a cerca de 96 millones de pesos, recursos que formaban parte de un programa de apoyo al campo distribuido por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. La FGR sostiene que, de esa cantidad, aproximadamente 73 millones de pesos fueron enviados de manera dolosa a diversas cuentas de empresas en las que César Duarte sería accionista mayoritario.
Durante la audiencia, la defensa del exgobernador intentó evitar la vinculación a proceso al argumentar que existían datos insuficientes dentro de la investigación realizada por la fiscalía. No obstante, la jueza consideró que los elementos presentados eran suficientes para vincularlo a proceso por el delito imputado.
Cabe recordar que César Duarte se encontraba previamente bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria y portaba un brazalete electrónico de localización por su probable participación en el delito de peculado, ilícito por el cual es investigado por autoridades del estado de Chihuahua. A pesar de ello, la jueza determinó que deberá permanecer recluido en el penal del Altiplano mientras su situación jurídica es resuelta.
A través de un comunicado oficial, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, informó que César Duarte fue aprehendido en el estado de Chihuahua “por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Según los primeros reportes, la detención ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando el exfuncionario salía de su domicilio.
La captura del exgobernador deriva de una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en el municipio de Almoloya de Juárez.
César Duarte gobernó el estado de Chihuahua de 2010 a 2016. Fue detenido por primera vez en julio de 2020 en Miami, Florida, Estados Unidos, tras permanecer prófugo de la justicia. Posteriormente, fue extraditado a México en el año 2022 para enfrentar cargos por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
La Fiscalía General de la República precisó que dicho proceso continúa en curso ante la fiscalía de Chihuahua. Asimismo, la dependencia federal agregó que el 4 de octubre de 2024 se tramitó ante el gobierno de Estados Unidos la autorización para procesar a Duarte por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, autorización que fue concedida el 4 de diciembre de 2025.
Las autoridades han señalado que las investigaciones contra el exmandatario permitieron descubrir diversas irregularidades en programas de subsidios y préstamos destinados a productores de ganado, así como en una supuesta compra de bienes inmuebles para el estado de Chihuahua, hechos que forman parte de los expedientes abiertos en su contra.
