Para la diputada local del PAN, Liz Salgado, el conflicto registrado la semana pasada en el Albergue Franciscano en la alcaldía Cuajimalpa ilustra con claridad la problemática que enfrenta la Ciudad de México en materia de bienestar animal y la falta de control efectivo sobre los refugios. La legisladora señaló que el caso evidencia la necesidad de hacer cumplir la normativa existente antes de crear nuevas leyes.
Salgado recordó que México ocupa uno de los primeros lugares a nivel latinoamericano en abandono de animales. “No debemos olvidar”, dijo la legisladora, “que de acuerdo con la UNAM, se estima que en el país hay cerca de 30 millones de perros y gatos que viven en las calles, de los cuáles 70 por ciento fueron abandonados”. Esta situación, apuntó, presiona a la red de albergues, muchos de los cuales operan en condiciones de opacidad.
La diputada expuso que en la Ciudad de México no existe un control y registro detallado de los albergues y su operación. “Muchos incluso lo hacen a través de redes sociales y solicitan aportaciones sin que haya constancia de las acciones que realizan o el uso que dan a recursos, medicamentos y materiales que reciben”, señaló la panista. Esta falta de supervisión, argumentó, puede derivar en situaciones como la vivida en Cuajimalpa, donde el bienestar de los animales pudo estar en riesgo.
Frente a la propuesta anunciada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de enviar al Congreso local una iniciativa de ley específica en materia de albergues, Salgado hizo un llamado a revisar y aplicar el marco jurídico actual. La legisladora recordó que la actual Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la CDMX ya incluye la figura de albergues y refugios. “Incluso, enfatizó, en el reglamento vigente de la ley se señalan los requisitos que deberán cumplir los albergues, así como las facultades de la autoridad en materia de vigilancia y regulación de estos establecimientos”.
Para la representante popular, la prioridad no debe ser la creación de nueva normativa. “La solución no es sobre regular, abundó la panista, sino garantizar que los instrumentos legales y sus reglamentos sean eficaces y eficientes, pero sobre todo, que se cumplan”. Sobre la eventual iniciativa del gobierno capitalino, Salgado afirmó: “Revisaremos a detalle la iniciativa que se mande, sobre todo que contenga los elementos que aseguren su vigencia y aplicación”.
Salgado también cuestionó el manejo político del incidente. “Lo que llama la atención, abundó la legisladora, es la velocidad con que se atendió este tema y la insistencia del gobierno de la Ciudad por diferenciarlo del conflicto entre particulares por la ocupación del predio”. La diputada aludió así a las versiones periodísticas que señalan que el fondo del conflicto territorial involucra la posible venta del terreno a una empresa inmobiliaria. “Un tema del que ya varios medios han señalado que tiene como fondo la venta del terreno a una inmobiliaria”, recalcó.
“Bien dice el dicho: no hagas cosas buenas que parezcan malas”, dijo Liz Salgado, refiriéndose a la insistencia del gobierno por separar el tema entre las asociaciones confrontadas por el predio y por justificar el desalojo, cuando la asociación franciscana al parecer contaba con la protección de varios amparos. Con esta declaración, la diputada cuestionó la narrativa oficial y pidió transparencia en las motivaciones y acciones del gobierno local.
Para finalizar, Liz Salgado solicitó al gobierno de la Ciudad de México que informe de manera pública y detallada sobre la situación de los animales rescatados del albergue. “Solicitó al gobierno de la Ciudad que informe el destino que tendrán de los perros y gatos rescatados, así como la evolución de los que están siendo tratados por los problemas de salud que tenían”. La legisladora concluyó con un recordatorio sobre el estatus jurídico y moral de las mascotas: “Son seres sintientes, recordó la legisladora, y la prioridad debe ser su bienestar”.
El caso del Albergue Franciscano ha reabierto el debate sobre la capacidad de las autoridades para regular y supervisar los centenares de refugios que operan en la capital, en un contexto de sobrepoblación animal y limitados recursos públicos. La postura de la diputada Salgado subraya la tensión entre la necesidad de acción inmediata y la correcta aplicación del extenso pero a menudo ineficaz marco legal existente.
