La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas de una investigación realizada con autoridades de Estados Unidos que permitió identificar una red internacional vinculada al Cártel del Pacífico, integrada por 31 personas y 24 empresas que, según el análisis, habrían triangulado más de mil millones de pesos entre varios países mediante estructuras corporativas y sociedades fachada utilizadas para dispersar capitales y justificar ingresos inexistentes.
De acuerdo con la UIF, la investigación financiera y fiscal identificó la participación de siete personas físicas y 24 empresas en estas operaciones. Los flujos detectados habrían sido enviados y recibidos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania. Las autoridades señalaron que estas transacciones se efectuaron mediante esquemas corporativos y compañías fachada que permitieron dispersar recursos, así como justificar ingresos no comprobados mediante el uso de casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento.
La UIF informó que, además de las denuncias presentadas ante la FGR, notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) tras identificar posibles delitos de carácter fiscal y el uso de mecanismos simulados para ocultar el origen de los fondos involucrados. Como parte del proceso, se determinó que las estructuras detectadas formaban parte de un entramado dedicado a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el ámbito internacional, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ambas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designaron tanto al grupo criminal identificado como a 26 personas relacionadas. En paralelo, la UIF añadió cinco entidades a la Lista de Personas Bloqueadas, en concordancia con las acciones emprendidas por las autoridades estadounidenses.
Estas medidas se integran a un conjunto de acciones recientes en las que la UIF ha intervenido tras detectar movimientos financieros inusuales. En días anteriores, se llevaron a cabo bloqueos contra 13 casinos en distintos puntos del país, luego de identificar operaciones presuntamente vinculadas con actividades de lavado de dinero y delincuencia organizada. Según la dependencia, el análisis financiero expuso operaciones millonarias en efectivo, además de transferencias internacionales hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como el uso de plataformas digitales no supervisadas.
De acuerdo con la información difundida, dichas prácticas facilitaron la dispersión y el ocultamiento de recursos ilícitos, además de su reinserción en el sistema financiero tanto nacional como internacional. La UIF señaló que estos establecimientos, ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, fueron bloqueados por representar un alto riesgo para la integridad del sistema financiero.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, indicó que estas medidas forman parte de las acciones emprendidas para proteger el sistema financiero y combatir el uso de recursos de procedencia ilícita. En un comunicado, la dependencia afirmó que mantiene su compromiso de fortalecer la cooperación internacional en materia de prevención y combate de delitos financieros, así como de atender los hallazgos derivados de investigaciones conjuntas con agencias de otros países.
Las autoridades financieras destacaron que las denuncias, los bloqueos y las designaciones forman parte de una estrategia coordinada para identificar estructuras empleadas para dispersar capitales, ocultar su origen y justificar ingresos inexistentes. Según la información oficial, el análisis de los movimientos detectados permitió vincular las operaciones con una red señalada por su relación con actividades ilícitas y por su presencia en distintos países a través de personas físicas, empresas y sociedades fachada.
La UIF reiteró que continuará con la presentación de denuncias y notificaciones ante las autoridades competentes conforme avance la investigación. Asimismo, señaló que las acciones emprendidas buscan evitar que estructuras financieras de alto riesgo continúen operando y generen afectaciones al sistema financiero mexicano.
