La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, dejó de contar con protección al ingresar al Tianguis Limonero, lo que motivará una investigación formal contra los escoltas asignados a su seguridad, después de que el empresario fuera encontrado sin vida con signos de violencia el 20 de octubre en Michoacán.
A través de una tarjeta informativa, la dependencia federal que encabeza Omar García Harfuch detalló que el empresario limonero estuvo acompañado por un escolta durante su trayecto entre Morelia y Apatzingán, pero que al llegar al Tianguis Limonero “dejó de contar con personal para su protección”. Este hecho central en la investigación del homicidio llevará a que los elementos de seguridad que tenían bajo su custodia al empresario sean sujetos a un proceso de investigación.
La versión de la SSPC se suma a la proporcionada anteriormente por el gobierno de Michoacán, donde el gobernador Alfredo Bedolla había señalado que “aparentemente se mueve de Morelia a Apatzingán acompañado de escolta, pero en Apatzingán por algún motivo hace un cambio de vehículo y ya no se hace acompañar de esta custodia”. La Secretaría de Seguridad estatal de Michoacán había precisado que Bravo Manríquez contaba con tres escoltas y un vehículo blindado a su disposición antes de los hechos.
Como parte de las investigaciones del caso, la SSPC informó sobre la detención de Rigoberto López, alias “El Plátano”, por su presunta participación en el asesinato del representante del sector limonero. El detenido es identificado por las autoridades como el principal operador de cobro a productores citrícolas de la región para el grupo delictivo Los Blancos de Troya.
El cuerpo de Bernardo Bravo fue localizado dentro de su camioneta en la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, en la localidad de La Tinaja, después de que se reportara su desaparición following su decisión de prescindir de la protección oficial. Las autoridades federales y estatales mantienen una coordinación para determinar las responsabilidades tanto de los presuntos autores materiales como de los elementos de seguridad que tenían asignada la protección del empresario.
El caso ha generado interrogantes sobre los protocolos de seguridad para personas bajo protección oficial, particularmente en situaciones donde los protegidos deciden prescindir temporalmente de su custodia. La investigación profundizará en las circunstancias específicas que llevaron a la separación entre el empresario y su equipo de seguridad momentos antes del ataque que terminó con su vida.
