Por: Filiberto Cruz Monroy
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México nunca ha sido un espacio digno para que una mujer trabaje. Eso se sabe en pasillos, oficinas y cafeterías de empleados que, entre el chisme y la frustración, repiten lo mismo: discriminación, acoso, humillaciones, instalaciones que parecen sacadas de un set de terror burocrático. Pero lo que se ha sabido por años hoy ya no puede esconderse: lo que debería ser un refugio para víctimas, se ha convertido en una trampa para ellas.
Con la llegada de Guillermina Godoy hace seis años, la institución se hundió más hondo. Su legado es simple: consolidar un ambiente hostil y plagado de abusos, como si alguien hubiera decidido que la Fiscalía debía servir menos a la justicia y más a los intereses de quienes saben acomodarse en la nómina por favores políticos. Hoy, con Bertha Alcalde al frente, cualquiera esperaría un cambio. Pues no. El hedor es el mismo, el pantano sigue siendo pantano, y las mujeres dentro de la Fiscalía siguen siendo blanco de acoso y violencia.
En este lodazal institucional surge el caso de Mariana. Asesora jurídica y supervisora de la Coordinación de Atención a Víctimas —sí, ironías de la vida—, quien se atrevió a alzar la voz contra su jefe directo, Omar Pérez Huerta. Y no cualquier jefe: hablamos del director de Asesoría Jurídica Pública, es decir, el funcionario cuya misión oficial es proteger a las víctimas. Pero, según Mariana, utilizó su poder para agredirla, hostigarla sexualmente y amenazarla con el despido. El guardián de las víctimas convertido en depredador.
En un mensaje que publicó en Instagram, Mariana dejó claro lo que tantas mexicanas viven a diario: instituciones que en lugar de defenderlas se arrodillan frente a los agresores, sobre todo si estos tienen un cargo y conexiones. Pérez Huerta no es un caso aislado. Según la denunciante, otras compañeras han sufrido lo mismo, pero el miedo a las represalias laborales las mantiene en silencio. Mariana se atrevió a romperlo con una frase que duele: “Prefiero perder mi empleo antes de ceder a la humillación”. Y ahí está la crudeza del problema: en la Fiscalía de la CDMX, denunciar equivale a arriesgarlo todo.
El 15 de agosto se realizó la audiencia contra Pérez Huerta en la cual fue vinculado a proceso, pero podrán llevar su defensa en libertad lo que pone en riesgo a la víctima. Mariana pidió a otras mujeres que la acompañaran, porque sabe que enfrentarse sola a un sistema que protege a los suyos es como lanzarse con un cuchillo de cocina contra un muro de acero. Su llamado no es solo por ella, sino por todas las trabajadoras que sobreviven bajo la sombra de abusos disfrazados de “jerarquía institucional”.
El descaro no se limita a este caso. Los trabajadores de servicios periciales de la misma Fiscalía ya se han manifestado en diversas ocasiones para denunciar abusos laborales: jornadas dobles fuera de la ley, descuentos injustificados en honorarios, represalias por pedir licencias médicas o maternales, y la obligación de trabajar en días festivos sin remuneración adicional. En pocas palabras, una fábrica de explotación que se sostiene a costa del cansancio y la dignidad de quienes trabajan ahí.
El cinismo institucional ha llegado a un nivel tal que resulta difícil distinguir si la Fiscalía es un órgano de justicia o un campo de entrenamiento para abusadores. Funcionarios improvisados, producto del pago de cuotas partidistas, se pasean por sus oficinas con la seguridad que les da saberse intocables. Y, mientras tanto, las víctimas —sean usuarias o trabajadoras— deben enfrentarse a un muro de indiferencia y complicidad.
Lo de Mariana es un parteaguas. No solo porque decidió hablar, sino porque exhibió la verdad que la Fiscalía lleva años intentando ocultar: que detrás de sus discursos sobre derechos humanos y perspectiva de género, se esconde una maquinaria diseñada para proteger a sus agresores y castigar a sus víctimas.
Callar ya no es opción. Como dijo Mariana: quedarse en silencio solo fortalece a los depredadores. El problema es que, dentro de la Fiscalía capitalina, el silencio parece ser la norma y el ruido, una excepción que incomoda al poder. Hoy esa excepción tiene nombre y rostro. Y si algo queda claro es que, en esta institución, la justicia no llega por los tribunales: la justicia comienza en la indignación pública.
X: @filibertocruz
