La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que las autoridades mexicanas no cuentan con pruebas suficientes para vincular a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown, con operaciones de lavado de dinero o vínculos con el crimen organizado. Esta declaración se produce después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense incluyera a la exalcaldesa de Rosarito en una lista de sanciones por presuntamente proteger a operadores de “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa.
Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó: “De nuestro lado no hay pruebas suficientes como para establecer el lavado de dinero que ellos plantean”. Sheinbaum reveló que las autoridades estadounidenses solicitaron formalmente la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana en el caso de la legisladora, pero no presentaron los elementos probatorios necesarios para sustentar las acusaciones en territorio nacional.
La OFAC acusó a Brown de formar parte de una red que incluye 15 empresas y cinco presuntos operadores de “Los Mayos” en los municipios de Tijuana, Rosarito y Mexicali. Como medida preventiva, la UIF instruyó el bloqueo de las cuentas bancarias de la diputada, aunque enfatizó que esta acción no constituye una decisión judicial ni implica prejuzgar su responsabilidad penal. Sheinbaum aclaró que, ante la falta de elementos para que la UIF aplicara sanciones administrativas, las medidas restrictivas se implementaron únicamente desde Estados Unidos.
La presidenta estableció el procedimiento a seguir: “Si Estados Unidos presenta todas las pruebas, aquí en todo caso se hace lo propio y se abre una investigación en la Fiscalía”. Mientras tanto, la diputada Brown declaró a medios de comunicación que sus cuentas bancarias permanecen sin bloqueo y negó categóricamente cualquier vinculación con grupos delictivos. La legisladora reveló que viajó recientemente a San Diego, California, sin enfrentar restricciones migratorias o legales, y afirmó que se enteró de las acusaciones de la OFAC exclusivamente a través de los medios de comunicación, sin haber recibido notificación formal alguna de las autoridades estadounidenses o mexicanas.
Este caso ocurre en el contexto de la creciente colaboración bilateral en materia de seguridad financiera y combate al crimen organizado, donde las autoridades de ambos países han establecido protocolos para el intercambio de información y la aplicación coordinada de sanciones. La posición del gobierno mexicano de exigir pruebas contundentes antes de proceder con investigaciones penales refleja el principio de presunción de inocencia y el apego al marco legal nacional en matters de procedimiento judicial y administrativo.
