La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que la deuda fiscal de Grupo Salinas, que asciende a 48,382 millones de pesos por nueve casos distintos, “no es un asunto que se negocia en lo oscurito”, enfatizando que la ley no admite negociación. La mandataria respondió así al llamado público que hizo el dueño del conglomerado, Ricardo Salinas Pliego, para establecer una mesa de diálogo abierto y transparente que encontrara soluciones justas para el pago del adeudo. Sheinbaum reconoció tener diferencias políticas con el empresario, pero subrayó que el caso es fundamentalmente “un asunto de cumplimiento de la ley”.
Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la presidenta precisó que ya se han realizado múltiples mesas técnicas con Grupo Salinas, pero insistió en que “ese asunto ya quedó en el pasado” en referencia a las negociaciones discretas. “Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo. Nunca vamos a cerrar la puerta a nadie, pero negociación de la ley, nunca”, atajó Sheinbaum Pardo. La postura gubernamental se conoce un día después de que Salinas Pliego publicara en sus redes sociales una propuesta formal para que equipos del gobierno federal y de su grupo empresarial se sentaran a negociar puntos de acuerdo.
El empresario había escrito: “Le propongo presidente que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta, seria y transparente, donde podamos encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley”. La iniciativa buscaba establecer un marco de solución a la controversia fiscal que mantiene el grupo empresarial con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, detalló que los adeudos de Salinas Pliego datan desde 2008, cuando existía un régimen de consolidación fiscal que se eliminó desde 2014. Explicó que este mecanismo, creado en 1982, permitía que las subsidiarias de un mismo grupo presentaran impuestos como si fueran una sola entidad, con el objetivo de fortalecer a los grupos empresariales, darles liquidez y hacerlos competitivos a nivel internacional. Sin embargo, señaló que “hubo abusos, se generó una problemática importante porque movían los números de la contabilidad para aparentar más pérdidas de las que en realidad tenían” para pagar menos impuestos.
En el caso particular de Grupo Salinas, la procuradora fiscal especificó que hay nueve casos pendientes por discutirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que involucran deudas de cuatro empresas del mismo grupo empresarial. Una empresa tiene problemáticas en cuatro consolidaciones fiscales de los años 2008, 2010, 2011 y 2012; otra empresa presenta issues en el ejercicio fiscal de 2009; una tercera mantiene una multa considerada indebida; y la cuarta empresa realizó deducciones fiscales indebidas según la autoridad.
“En estos nueve asuntos o diferentes casos, ya se acumuló un adeudo de 48 mil 382 millones de pesos como adeudo total. Se va actualizando, si no se paga se actualiza y crece”, remató la procuradora durante su explicación técnica. La actualización del adeudo implica que el monto total continúa incrementándose debido a intereses y recargos mientras no se realice el pago correspondiente.
La postura inflexible del gobierno federal sobre este caso marca un precedente importante en la relación entre el sector empresarial y la autoridad fiscal, particularmente con grupos económicos que mantienen deudas históricas con el fisco. Sheinbaum destacó que actualmente ya no se permite la condonación fiscal, eliminando cualquier expectativa de que el gobierno pudiera absolver total o parcialmente la deuda mediante mecanismos extraordinarios.
El conflicto fiscal se desarrolla en un contexto donde Salinas Pliego enfrenta también desafíos legales en Estados Unidos relacionados con una demanda de AT&T por impuestos no pagados antes de vender una compañía a la empresa estadounidense. Esta situación internacional añade presión financiera al conglomerado empresarial, que incluye empresas como TV Azteca, Elektra y Banco Azteca, entre otras.
La resolución de estos nueve casos dependerá ahora de lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se discutirán los aspectos técnicos y legales de cada controversia fiscal. La postura del gobierno de Sheinbaum deja claro que no habrá acuerdos políticos o negociaciones extrajudiciales que modifiquen lo que establece la ley tributaria vigente, reforzando el mensaje de que no habrá tratos preferenciales para ningún contribuyente, sin importar su tamaño o influencia política.
La transparencia demandada por Salinas Pliego en su propuesta de mesa de diálogo contrasta con la posición gubernamental que considera que los procesos ante el SAT y la SCJN son suficientemente transparentes y siguen los cauces legales establecidos. El desenlace de este caso sentará un precedente significativo para otros grupos empresariales que mantienen deudas fiscales pendientes con el fisco mexicano.
