La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó este mes ante el Congreso de la Unión el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026, que establece un gasto neto total de 10 billones 114 mil 800 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 5.9% real en comparación con lo aprobado en 2025.
De acuerdo con el documento, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum busca destinar mayores recursos a los ramos de Energía, Bienestar, Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Educación Pública y Defensa Nacional, considerados los principales beneficiados. En contraste, las áreas que enfrentarán recortes son Salud, Seguridad y Protección Ciudadana, Cultura y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, además de la eliminación de recursos para la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Incrementos al gasto programable
El presupuesto programable —destinado a la generación de bienes, provisión de servicios y ejecución de obras públicas— alcanzará 7.01 billones de pesos, lo que implica un incremento de 5.1% real frente a 2025. Para gasto corriente, el monto asciende a 4.13 billones, mientras que en pensiones se contempla 1.7 billones de pesos, superior a los 1.6 billones del ejercicio anterior.
En cuanto al gasto de inversión, se proyecta un total de 1.25 billones de pesos, cifra mayor a los 1.07 billones autorizados en 2025.
Ingresos y deuda
El gobierno federal planea financiar el gasto con una Ley de Ingresos de 10.19 billones de pesos. La recaudación estimada por impuestos es de 5.83 billones, mientras que las cuotas de seguridad social aportarían 641 mil millones y los ingresos por venta de bienes y servicios 1.63 billones. Para cubrir el déficit, se prevé un endeudamiento de 1.47 billones de pesos.
Salud: ajustes y desigualdades
El sector salud experimentará un recorte de 3.2% a la Secretaría de Salud, lo que equivale a una reducción respecto a 2025. Pese a ello, el paquete contempla un aumento de 55 mil 551 millones de pesos para el sector en su conjunto, alcanzando 996 mil 528 millones, equivalente a 2.6% del PIB.
Los recursos se concentran en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un incremento de 11.7%, mientras que para la población sin seguridad social el alza es inferior al 1%. Expertos señalan que esta brecha se traduce en diferencias de acceso a medicamentos, insumos y calidad de atención.
Seguridad: reducción de recursos
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dispondrá de 60 mil 110 millones de pesos, 14% menos que en 2025. Sus principales programas incluyen la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y proyectos productivos.
Para inteligencia en Seguridad Nacional se destinarán 1,166 millones de pesos, mientras que al sistema penitenciario federal se asignarán 188 millones. En contraste, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibirá 170 mil millones, con partidas específicas de 4,530 millones para operación de cuerpos de seguridad y 19,978 millones en apoyo a la seguridad pública.
Poder Judicial: aumento histórico
El Poder Judicial de la Federación será otro de los beneficiados con 85 mil 960 millones de pesos, un incremento de 21.09% respecto a 2025. Dentro de esta cifra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibirá 5,869 millones, el Tribunal Electoral contará con 4,009 millones, y los nuevos organismos creados para 2026 absorberán la mayor parte de los recursos.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) dispondrá de 74 mil 224 millones de pesos, mientras que el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) tendrá 1,856 millones. Estas instituciones sustituirán al Consejo de la Judicatura Federal y concentrarán alrededor de 76 mil millones en conjunto.
Comparativo con 2025
El presupuesto del año anterior fue de 70,983 millones para el Poder Judicial, una reducción real de 13.1% respecto a 2024. En ese ejercicio, la Suprema Corte recibió 5,208 millones tras un ajuste a la baja, el Consejo de la Judicatura Federal administró 62 mil millones y el Tribunal Electoral contó con 3,749 millones.
Las limitaciones de 2025 afectaron la continuidad de proyectos de capacitación, publicaciones jurídicas y mantenimiento de infraestructura, además de obligar a reprogramar actividades vinculadas con derechos humanos y tecnología.
