El Senado de la República aprobó este miércoles, en medio de fuertes críticas de la oposición, la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que abroga la legislación vigente, redistribuye el mando naval y expande sus atribuciones hacia terrenos civiles y tecnológicos. Con los votos de Morena y sus aliados, la ley crea la Jefatura de Operaciones Navales —que sustituye al histórico Estado Mayor General—, incorpora la ciberdefensa como facultad militar formal, fortalece la presencia naval en puertos y aeropuertos y consagra la igualdad sustantiva en todos los niveles de mando.
El senador morenista Carlos Lomelí defendió la reforma como una “transformación estructural, moral y estratégica” frente a amenazas híbridas y ciberataques, afirmando que “no se trata de militarizar, sino de proteger con disciplina y transparencia”. Sin embargo, la oposición presentó críticas sustanciales durante el debate parlamentario, anunciando que recurrirán a acciones de inconstitucionalidad por considerar que la reforma invade competencias civiles, amplía el fuero militar y debilita la fiscalización de recursos públicos.
El priista Manuel Añorve acusó que la reforma coloca a la Armada “al servicio de intereses políticos” al centralizar el control del mando militar en el Ejecutivo federal, elimina menciones sobre derechos humanos y normaliza un modelo de seguridad militarizada. “El verdadero rostro autoritario está en controlar todo sin dar explicaciones”, advirtió el senador, vinculando la reforma con el presunto “huachicol fiscal” en aduanas y terminales marítimas, y denunciando que la expansión militar en infraestructura estratégica “no ha impedido —y en algunos casos ha facilitado— redes de contrabando, evasión y tráfico de mercancías ilícitas de alto valor”.
Añorve agregó que, pese a los controles castrenses, el “robo y desvío de combustibles, así como maniobras para evadir impuestos vía importación irregular de combustibles y químicos, se dispararon en mares y puertos sin sanciones ejemplares”. El legislador sostuvo que “militarizar no es modernizar; es blindar sistemas opacos” y afirmó que “el huachicol fiscal no se combate con jerarquías militares”. El priista acusó que, desde la entrega de aduanas y puertos a mandos navales, proliferaron prácticas de “triangulación fiscal, reducción artificial de aranceles, modificación de manifiestos de carga y manipulación de documentación portuaria”, argumentando que la ley ignora este fenómeno y “le da más poder a la misma estructura que ha sido incapaz —o negligente— de frenarlo”.
Por su parte, la senadora Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano advirtió que ampliar atribuciones sin contrapesos civiles consolida “un aparato militar administrativo” en sectores vulnerables a corrupción. “Este marco normativo no establece mecanismos auditores independientes. En un país golpeado por el contrabando, significa abrir otro boquete fiscal”, dijo la legisladora, insistiendo en que la falta de reglas para inteligencia artificial y ciberseguridad puede generar agujeros perfectos para evasión sofisticada.
La panista Gina Gerardina Campuzano señaló que la reforma absorbe ámbitos antes gestionados por autoridades civiles —comercio marítimo, marina mercante, industria naval— sin incluir controles externos robustos. “El contrabando técnico, el subvalor de mercancías y la triangulación vía navieras requieren fiscalización civil, no mando vertical”, afirmó la senadora, reflejando la postura conjunta de los partidos de oposición que consideran que “cada reforma aumenta el músculo militar y adelgaza al aparato civil del Estado”.
La nueva Ley Orgánica de la Armada de México será enviada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor tras la emisión de reglamentos internos y lineamientos tecnológicos que desarrollen las disposiciones establecidas en el texto aprobado por la Cámara de Senadores. La legislación marca un punto de inflexión en la organización de la institución naval mexicana al redefinir su estructura de mando, ampliar sus competencias operativas y establecer nuevas responsabilidades en materia de ciberseguridad y protección de infraestructura portuaria y aeroportuaria.
