Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una actualización de la deuda de sus empresas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se comprometió públicamente a liquidarla “en menos de 10 días”, aunque la cifra que el empresario está dispuesto a pagar -7 mil 600 millones de pesos según una carta enviada a la mandataria- dista significativamente de los 74 mil millones de pesos reclamados oficialmente por el fisco mexicano.
El mensaje dirigido a la presidenta Sheinbaum fue enviado durante un acto gratuito celebrado la noche del sábado en la Arena Ciudad de México, donde Salinas Pliego conmemoró su cumpleaños bajo el lema “Celebra los 70 del Tío Richie”. En el evento, empleados y seguidores del quinto hombre más rico de México corearon consignas a favor del empresario, incluyendo gritos de “presidente” que resonaron en el recinto durante la celebración.
Empleados de Grupo Salinas reprodujeron este domingo en sus cuentas de redes sociales fragmentos del mensaje que el empresario ofreció durante su reunión cumpleañera, en el cual afirmó categóricamente que desea saldar sus adeudos con el fisco federal. “Queremos pagar. Y miren, para que no haya duda, hoy estamos publicando dos documentos: el primero, un escrito de hace 10 días que le mandamos al SAT donde solicitamos que nos diga cuánto es lo que hay que pagar para poder liquidarlo en menos de 10 días”, declaró públicamente el magnate empresarial durante el evento.
Grupo Salinas publicó en sus redes sociales oficiales tres documentos relacionados con el caso, entre ellos la carta que Salinas Pliego envió hace un año a la presidenta Sheinbaum. En dicha comunicación escrita, el empresario expone que su grupo corporativo está dispuesto a cubrir 7 mil 600 millones de pesos, cantidad que según su versión deriva de resoluciones fiscales acumuladas desde el año 2006, y señala que en octubre de 2022 ya se efectuó un primer pago por 2 mil 700 millones de pesos como parte de este proceso de regularización.
Según el texto de la carta divulgada por el grupo empresarial, estos compromisos de pago fueron establecidos originalmente con el ex procurador fiscal y actual subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla. El documento señala que dicho pacto acordado previamente, según la versión de Grupo Salinas, no fue respetado en sus términos originales por las autoridades fiscales, aunque en las notas a pie de página del mismo escrito se aclara que estos cálculos están “sujetos a validación con el SAT”, reconociendo así la potestad de la autoridad tributaria para determinar el monto definitivo de la deuda.
La disparidad entre las cifras manejadas por ambas partes resulta considerable, ya que mientras el empresario habla de una deuda de 7,600 millones de pesos que incluye un abono previo de 2,700 millones efectuado en 2022, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, había informado en junio que el adeudo total reclamado por el gobierno mexicano asciende a 74 mil millones de pesos, lo que representa casi diez veces el monto que el grupo empresarial estaría dispuesto a liquidar según su propia propuesta de regularización.
La controversia fiscal entre Grupo Salinas y el SAT se enmarca en un contexto más amplio de revisión de obligaciones tributarias de grandes contribuyentes que ha caracterizado la política recaudatoria de los últimos años, donde diversas empresas han enfrentado procesos de fiscalización que han derivado en disputas sobre el monto real de sus adeudos con el fisco federal y los mecanismos más apropiados para su resolución definitiva.
El ofrecimiento público de Salinas Pliego de liquidar la deuda en “menos de 10 días” representa un giro significativo en la postura pública del empresario respecto a este contencioso fiscal, aunque la condición previa de que el SAT precise el monto exacto a pagar introduce un elemento de incertidumbre sobre la viabilidad temporal de dicha promesa, considerando la sustancial diferencia entre las cifras manejadas por cada una de las partes involucradas en esta disputa tributaria de larga data.
