La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que un juez federal en el Estado de México vinculó a proceso al vicealmirante Emanuel Roberto “N” y a nueve integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, que entre 2024 y 2025 habría facilitado el ingreso ilegal de hidrocarburos a territorio mexicano. La audiencia se celebró en los juzgados federales del Altiplano, en Almoloya de Juárez, y tuvo una duración de más de 18 horas.
La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte del capitán de Marina Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en versiones preliminares como parte de esta investigación, pero aclaró que “no hay certeza de que él estuviera involucrado en este proceso”, al tiempo que expresó solidaridad con su familia y con la Armada de México.
Por su parte, el fiscal general Alejandro Gertz Manero descartó que Pérez Ramírez estuviera relacionado con los aseguramientos realizados en torno a los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y señaló que su fallecimiento obedece a “un asunto de otra naturaleza”.
La audiencia en el Altiplano
Durante la audiencia, el juez reclasificó los delitos, determinando que los 10 marinos enfrentarán proceso por delincuencia organizada con fines de realizar delitos con hidrocarburos. Como medida cautelar, se les dictó prisión preventiva justificada y se abrió un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
De acuerdo con la teoría del caso de la FGR, esta red habría permitido el acceso a México de millones de litros de diésel, ingresados a través de puertos bajo la apariencia de “aditivos”. La estructura señalada operaba en Tamaulipas, Colima, Sinaloa y Ciudad de México, y contaba con capacidad para corromper a servidores públicos, empresarios y personal de aduanas.
Roles dentro de la red
Según los datos de prueba, el vicealmirante Emanuel Roberto “N” habría tenido funciones de dirección, aprobando perfiles que operaban en la red. Climaco “N” y Humberto “N” también fueron señalados por presuntamente participar en la designación de servidores públicos en aduanas y recibir pagos ilícitos.
Otros implicados, identificados como Sergio “N”, Carlos “N”, Fernando “N”, Erendia “N”, Perla “N”, Anatalia “N” e Israel “N”, habrían simulado revisiones de buquetanques, omitido inspecciones con cámaras de vigilancia y manipulado muestras para encubrir la entrada del combustible.
Testimonios clave
Entre los testimonios presentados destacó el manuscrito de Rubén Guerrero Alcántara, quien denunció irregularidades en la operación de buques y fue asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima. Su declaración fue incorporada como evidencia.
También fueron relevantes los testimonios de colaboradores identificados como “Santo”, “JH” y “HRV”, quienes habrían detallado cómo la red permitió el ingreso de 32 barcos cargados con diésel entre 2024 y 2025, presentando documentación falsa que los reportaba como cargamentos de aditivos.
Reconocimiento institucional
La presidenta Sheinbaum subrayó el papel de la Marina en la investigación: “El que haya 12 o 13 elementos involucrados en un hecho lamentable como este habla bien de la institución, porque fue la propia institución la que participó en la indagatoria”.
La mandataria reiteró que las Fuerzas Armadas son instituciones con gran reconocimiento en México y que la colaboración entre la Semar y la FGR fue determinante para llegar a las vinculaciones judiciales.
