En el diario Milenio el periodista Arturo Ángel reveló que el Departamento de Estado de Estados Unidos canceló la visa de ingreso a ese país a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director General de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), medida que, según autoridades diplomáticas estadounidenses, se efectuó bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), en el marco de una revisión de visados ordenada por la administración del presidente Donald Trump.
La decisión se dirige a personas consideradas como posibles riesgos para la seguridad pública, con nexos con grupos criminales o cuyas actividades pudieran contravenir los intereses de política exterior estadounidense.
Milenio confirmó con fuentes diplomáticas la anulación del documento de viaje de Márquez Hernández, quien también tiene entre sus responsabilidades la investigación relacionada con actividades de huachicol fiscal. El funcionario respondió que la cancelación corresponde a un procedimiento administrativo de carácter personal que no afecta sus labores públicas, e indicó que en el futuro podrá solicitar nuevamente la visa.
De acuerdo con autoridades consultadas, las causas específicas de cada cancelación de visa se mantienen como información reservada. La política implementada por el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, sostiene que la visa es un privilegio y no un derecho, y permite aplicar cancelaciones de manera discrecional. Bajo esa directriz, Reuters reportó el 14 de octubre que el gobierno estadounidense ya había revocado alrededor de 50 visas a políticos y funcionarios mexicanos en los últimos meses.
El caso de Tonatiuh Márquez representa el primero confirmado públicamente que involucra a un alto funcionario federal del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hasta ahora, los episodios conocidos correspondían a funcionarios o ex servidores públicos de niveles estatal o municipal.
Durante este año se han difundido en distintos medios diversas informaciones sobre posibles irregularidades en las que podría estar implicado el director de Investigaciones de la ANAM, derivadas incluso de indagatorias oficiales, aunque él ha rechazado cualquier responsabilidad. Entre los señalamientos más relevantes se encuentra su vínculo con la empresa Aledo S.A. de C.V., de la cual es apoderado legal. El domicilio fiscal de esta empresa coincide con el de otras dos compañías representadas por otro funcionario de la misma ANAM.
En Entorno MX revelamos que Aledo fue investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que determinó la existencia de un crédito fiscal por 109 millones de pesos. De acuerdo con la auditoría folio CGA2000285/20, varias operaciones de importación realizadas en 2019 carecían de materialidad, por lo que se consideraron posibles actos simulados y con probabilidad de estar relacionados con lavado de dinero.
Entorno MX tuvo acceso a la relación de todas las operaciones facturadas por la empresa, que superan los 253 millones de pesos y sustentan la sanción impuesta por el SAT.
La mayoría de estas operaciones se efectuaron con la empresa colombiana Materias y Suministros S.A., también identificada como Materias Primas y Suministros LTDA. o Matsum S.A. Esta compañía estuvo incluida en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con la red financiera de la familia Rodríguez Orejuela, quienes encabezaron el Cártel de Cali. Según investigaciones estadounidenses, dicha organización fue responsable del tráfico de gran parte de la cocaína introducida a Estados Unidos.
En 2014, la OFAC retiró a varias empresas de su lista negra tras considerar que el cártel se encontraba prácticamente desarticulado.
El SAT también documentó que entre enero y marzo de 2019, Aledo S.A. de C.V. recibió 94 millones de pesos de la empresa nicaragüense Confecciones de Exportación S.A., sin que existiera soporte documental ni materialidad en las operaciones. En un posicionamiento previo, el equipo de Márquez Hernández confirmó que él cuenta con un poder legal de Aledo debido a que el despacho para el que trabajaba fue contratado por la empresa, y negó que desempeñe funciones directivas o administrativas dentro de la misma.
