El pleno de la Cámara de Diputados aprobó anoche, en lo general, el dictamen para expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en una sesión que avanzó en fast track luego de que se dispensaran los trámites para su discusión.
La decisión se tomó mientras en el Senado se definía al nuevo representante de la Fiscalía General de la República (FGR), y en medio de un clima marcado por tensión política, largas horas de debate y protestas campesinas fuera del recinto legislativo. La aprobación respondió al objetivo de ordenar el sistema de concesiones, cerrar espacios a la corrupción, reconocer los sistemas comunitarios y garantizar el derecho humano al agua.
A las afueras de San Lázaro, campesinos mantuvieron bloqueados los accesos durante horas, bajo el sol y con el cansancio acumulado, en espera de que la negociación con los legisladores pudiera abrirse. No ocurrió. La aprobación del dictamen en comisiones adelantó el debate, y hacia las 16:00 horas los productores agrícolas decidieron retirarse con sus tractores, permitiendo que la sesión avanzara. Con ello quedó despejado el paso para una de las discusiones más tensas de los últimos meses.
En tribuna, la presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Elizabeth Cervantes, subrayó la dimensión de la reforma mediante un mensaje que marcó el ánimo del bloque oficialista. Señaló que el país defendía su agua, al afirmar que se trataba de un día en que México hacía justicia al garantizar que el recurso hídrico se convirtiera en la fuerza motriz de “un México más justo, más digno y más humano”. Su intervención fue acompañada de aplausos y ovaciones.
La votación en lo general concluyó con 328 votos a favor, cinco abstenciones y 131 en contra, dando paso a una sesión que acumuló más de siete horas de debate. La oposición reclamó que el dictamen avanzó con demasiada rapidez, lo que —según señalaron— impidió un análisis completo. Diputados del PAN, PRI y MC desplegaron pancartas con mensajes como “Morena traiciona a los campesinos”, “El agua es vida, no botín político” y “Morena quiere a los campesinos en la cárcel”. El grupo mayoritario respondió con sus propios mensajes, como “El agua es vida, no mercancía” y “Se les acabó el negocio, corruptos del MC y PRIAN”.
Entre los posicionamientos destacados estuvo el del priista Rubén Moreira, quien aseguró que la falta de consulta hacía que la ley resultara inconstitucional. También advirtió riesgos para los pueblos originarios y afirmó que el proyecto “criminaliza” a trabajadores del campo. Señaló además que la iniciativa restringe la transmisión de concesiones y que el artículo 22 impediría vender o heredar, lo que calificó como un golpe para el campo mexicano.
Hacia la medianoche, cuando el pleno sumaba casi 12 horas de sesión, el morenista Ricardo Monreal subió a tribuna tras solicitar la palabra por alusiones personales del PRI. Negó haber afirmado que las comunidades indígenas hubieran sido consultadas para la elaboración de la ley y aseguró que estaba dispuesto a debatir artículo por artículo. Su intervención elevó el tono del intercambio en un ambiente ya desgastado y con una lista de 154 oradores registrados para la discusión en lo particular.
La sesión se encaminó entonces a una prolongada madrugada legislativa. Con 529 artículos reservados, el debate continuó. Al cierre de esta edición, el pleno había admitido a discusión 18 reservas presentadas por el diputado Ricardo Monreal, que incluían 50 modificaciones al dictamen, marcando así una etapa inicial dentro del proceso de revisión artículo por artículo que continuaría en las siguientes horas.
