La diputada de Morena y exalcaldesa de Playas de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, afirmó desconocer los motivos por los cuales su nombre figura en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En entrevista en la Cámara de Diputados, rechazó los señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico y aseguró que sus cuentas bancarias no han sido bloqueadas ni se le ha restringido el ingreso a Estados Unidos.
“No me han congelado las cuentas, desconozco de qué se trata, yo me enteré por los medios el domingo. Estuve en Estados Unidos con un tío que tuvo un derrame cerebral, no tuve problemas para cruzar. Soy objeto de esta infamia, que pretende desacreditarme”, declaró la legisladora.
Contexto de las sanciones
El Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa acusada de traficar drogas, secuestrar, extorsionar y lavar dinero con el apoyo de funcionarios locales en Baja California.
Las sanciones incluyen:
- El bloqueo de bienes y activos en territorio estadounidense.
- La prohibición de transacciones financieras con los implicados.
El Tesoro subrayó que la inclusión en la lista no implica automáticamente culpabilidad, sino una medida preventiva para frenar operaciones criminales y financieras.
Brown niega nexos y ofrece comparecer
La diputada reiteró que no ha sido notificada formalmente y aseguró estar dispuesta a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) o cualquier otra autoridad competente.
De acuerdo con el comunicado del Tesoro, Brown habría actuado como intermediaria de los hermanos Arzate, líderes regionales de Los Mayos, junto con el transportista Candelario Arcega Aguirre y el empresario Jesús González Lomelí.
Según la acusación, estas personas facilitaron la recolección de pagos de extorsión y ofrecieron protección a las actividades criminales a través de la Secretaría de Seguridad de Rosarito, durante la gestión municipal de Brown.
El Tesoro agregó que González, propietario de bares y restaurantes como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, utilizó sus negocios para lavar millones de dólares del Cártel de Sinaloa.
Por su parte, Arcega habría mantenido control sobre empresas transportistas en Tijuana y Rosarito, entre ellas la Sociedad Mutualista de Transporte Unido de Baja California y Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio S.A. de C.V..
La lista negra también incluyó a los ex policías municipales Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez, acusados de haber participado en un atentado contra el entonces director de policía, Jorge Eduardo Montero.
Asimismo, el reporte identificó a Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, como líder del brazo armado de Los Mayos, vinculado con secuestros, tortura, homicidios y control de rutas de tráfico de drogas hacia California.
Declaraciones del Tesoro
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, señaló que el Cártel de Sinaloa “es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, lavando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”.
Con estas medidas, los activos de los implicados quedan congelados y se prohíbe cualquier transacción con ellos dentro de Estados Unidos. Además, personas o empresas que colaboren con la red podrían enfrentar sanciones secundarias.
