Una red internacional de tráfico de combustible operada con la colaboración de empresas estadounidenses ha sido destapada por investigaciones coordinadas de los gobiernos de México y Estados Unidos, revelando un esquema mediante el cual miles de litros de crudo robado en territorio mexicano eran refinados en Estados Unidos para después regresar a México y ser vendidos como gasolina legal sin pagar impuestos. De acuerdo con fuentes del gobierno estadounidense, empresas como Arroyo Terminals, Big Hog Energy y Jentran formaban parte del conglomerado que participaba en este esquema de “huachicol fiscal” que involucraba a funcionarios federales mexicanos en activo, civiles y empresas gasolineras.
Según documentación de la fiscalía estadounidense, James Jansen, un millonario excéntrico originario de Salt Lake, Utah, y cabeza de Arroyo Terminals, representa solo un ejemplo de los operadores del tráfico y blanqueo de huachicol en Estados Unidos. La investigación, publicada por Milenio, ha identificado que esta red operaba con la protección de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México. Información revelada indica que el empresario estadounidense, cuya firma está basada en Río Hondo, a las afueras de Brownsville, Texas, no negociaba directamente con el cártel mexicano, sino a través de intermediarios y empresas mexicanas que se encargaban de sacar el crudo de territorio nacional.
El modus operandi consistía en el transporte terrestre del crudo robado a través de puertos fronterizos entre Tamaulipas y Texas, donde llegaba a la terminal de Arroyo en Río Hondo para su almacenamiento antes de ser despachado a firmas estadounidenses especializadas en refinamiento. El producto ya refinado regresaba a México por la aduana de Tampico, Tamaulipas, donde funcionarios federales y aduaneros en colusión ocultaban los cargamentos bajo etiquetas falsas, para después venderlos a empresas gasolineras en el país como si se tratara de combustible legalmente importado.
Desde mayo de 2022 hasta inicios de 2025, solo las firmas controladas por los Jensen recibieron al menos 2,881 cargamentos de crudo, que generaron ganancias propias por aproximadamente 300 millones de dólares, de los cuales 47 millones habrían sido enviados a sus socios criminales en México. La fiscalía estadounidense detalla que “James Jensen conspiró con su esposa Kelly y dos de sus hijos, Maxwell y Zachary Jensen, para lavar las ganancias de las ventas de crudo ilegalmente importado. Los pagos para este crudo eran dirigidos a negocios en México que operan solamente a través del permiso de organizaciones criminales mexicanas”.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) considera este caso como evidencia del nuevo método de financiamiento de organizaciones criminales como el CJNG. En un informe sobre el esquema, la agencia federal estadounidense detalla que “esta investigación ha descubierto que las Organizaciones Criminales Transnacionales están obteniendo o robando, y después traficando, crudo de Pemex hacia Estados Unidos para su venta a empresas estadounidenses de crudo y gas, en un sofisticado esquema de lavado de dinero a partir del comercio”. La investigación se desarrolla bajo el nombre clave “Operativo Muerte Líquida”.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana ha documentado que durante 2023 se formó en México una red de servidores públicos, civiles y empresas que establecieron una prolífica operación criminal dedicada al robo de combustible. Según las averiguaciones mexicanas, se encontró “una red compleja de servidores públicos y personal civil que operan en las aduanas mexicanas, señalando que durante el sexenio del 2018 al 2024 se tejió una red de actos de corrupción en diversas aduanas de la República Mexicana”.
El expediente criminal elaborado por la FGR destaca que las investigaciones permitieron rastrear la ruta del huachicol hasta gasolineras y empresas del sector como Grupo Jomadi Logistics & Cargo S.A. de C.V., Energy International LLC y Serv Energy LLC en México. Este nuevo cártel del huachicol opera al amparo de organizaciones criminales, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque también ha trabajado con personas vinculadas con Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, según los hallazgos de las autoridades mexicanas.
El esquema descubierto representa una evolución sofisticada del tradicional robo de combustible en México, conocido coloquialmente como “huachicoleo”, que ahora incorpora elementos de comercio internacional transfronterizo, lavado de dinero a gran escala y corrupción aduanera binacional. La capacidad de refinar el crudo robado en territorio estadounidense y reintroducirlo al mercado mexicano como producto legal permite a las organizaciones criminales evadir no solo los controles sobre el combustible robado, sino también el pago de impuestos federales y derechos de importación.
La coordinación entre las fiscalías de ambos países busca desarticular completamente esta red que opera en ambos lados de la frontera, afectando las finanzas públicas de México mediante el desfalco fiscal y aprovechando la infraestructura legal de comercio internacional para blanquear los productos del robo de hidrocarburos. Las investigaciones continúan abiertas para identificar a todos los participantes en la cadena de corrupción que permitió el funcionamiento de este esquema durante varios años.
