Una jueza federal del Estado de México autorizó que Juan Carlos Minero Alonso, director de la financiera Black Wallstreet Capital (BWC) y procesado por delincuencia organizada y lavado de dinero ligado a cárteles colombianos, cumpla la prisión preventiva que se le impuso en un edificio residencial de Las Lomas de Chapultepec, en lugar del penal federal del Altiplano, donde permanecía recluido.
De acuerdo con información publicada por el periodista Arturo Ángel en Milenio, la jueza Guillermina Matías Garduño determinó el cambio del lugar donde se ejecuta la prisión preventiva oficiosa dictada a Minero Alonso el pasado 12 de octubre. La resolución consta en los registros judiciales del juicio de amparo número 667/2025, promovido ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca.
Como parte de las condiciones establecidas por el tribunal, Minero Alonso presentó una garantía económica de 20 millones de pesos y porta un localizador electrónico. Desde el 15 de octubre, el empresario cumple la medida cautelar en un departamento del edificio ubicado en el número 30 de la calle Sierra Guadarrama, en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.
La presencia constante de elementos armados de la Guardia Nacional en el inmueble ha causado alarma entre los vecinos del edificio. Los residentes han manifestado preocupación por los riesgos derivados de tener a un procesado por delincuencia organizada en una zona habitacional.
“El edificio se ha convertido en un centro penitenciario; vivimos con miedo de una bala perdida o de la llegada de grupos criminales que busquen ajustar cuentas”, declaró un vecino bajo reserva de identidad.
Especialistas en derecho penal consultados calificaron como “inquietante” e “irregular” la resolución judicial, pues el artículo 18 de la Constitución establece que las personas sujetas a prisión preventiva por delitos de delincuencia organizada deben permanecer en centros especiales de reclusión.
Juan Carlos Minero Alonso, empresario cubano-mexicano de 35 años, es director y socio principal de Black Wallstreet Capital, una firma dedicada al manejo de inversiones y asesoría financiera que durante años mantuvo una imagen de prestigio dentro del sector financiero mexicano. Sin embargo, su nombre comenzó a ser relacionado con presuntas operaciones de lavado de dinero a gran escala.
Las investigaciones en su contra, encabezadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República, se remontan a 2022. Un exintegrante del cártel colombiano del Norte del Valle declaró que BWC funcionaba como fachada para lavar recursos provenientes del narcotráfico y tráfico de armas.
Según las investigaciones, el modus operandi implicaba el traslado de drogas desde Sudamérica hacia México mediante aeronaves con matrículas falsas y el uso de la casa financiera para ocultar los ingresos ilícitos en operaciones aparentemente legales.
En marzo de 2023, la Fiscalía capitalina realizó un cateo en las oficinas de BWC ubicadas en la colonia Azures. Durante el operativo, Minero Alonso fue detenido provisionalmente y se aseguraron diversas sumas de dinero, aunque posteriormente el caso se debilitó luego de comprobarse que agentes policiales sustrajeron recursos de forma ilegal.
El 27 de mayo de 2025, agentes de la FGR detuvieron nuevamente al empresario por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Fue ingresado al penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde el 5 de junio fue vinculado a proceso bajo la causa penal 341/2024, con prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
Posteriormente, el empresario promovió varios juicios de amparo, entre ellos uno presentado el 24 de junio en contra de la prisión preventiva oficiosa. El caso quedó radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de México, bajo el número de expediente 667/2025.
Con base en ese amparo, el juzgado concedió primero una suspensión provisional y después definitiva, ordenando la revisión de las medidas cautelares. Aunque el Ministerio Público impugnó la resolución, el 12 de octubre se celebró una audiencia en la que la jueza autorizó la modificación del lugar de cumplimiento de la prisión preventiva.
“Se declara fundada la pretensión de modificar el lugar en que se ejecuta la prisión preventiva respecto del inculpado en cita; sin que ello implique un cambio de medida cautelar ni se otorgue la libertad al privado de la libertad; sino que su ejecución es en un domicilio, no en el centro de reclusión de que se trata”, señala el acuerdo judicial.
La medida ha provocado críticas entre especialistas en derecho penal. El abogado Gabriel Regino advirtió que la delincuencia organizada es un delito que requiere prisión preventiva oficiosa y que esta solo puede cumplirse en centros penitenciarios. “El cambio de ejecución de la prisión preventiva oficiosa a un domicilio particular carece de fundamento legal”, explicó, señalando que solo en casos excepcionales —como enfermedades graves o edad avanzada— podría considerarse un resguardo domiciliario.
Otros juristas recordaron que el artículo 18 constitucional no solo obliga a que los procesados por delincuencia organizada permanezcan en centros especiales, sino que lo hace también por razones de seguridad para terceros y para el propio acusado.
Desde que Minero Alonso fue trasladado al edificio de Las Lomas, el inmueble se mantiene bajo vigilancia permanente de la Guardia Nacional. Fotografías compartidas por los residentes muestran a elementos encapuchados y con armas largas custodiando accesos y pasillos, lo que ha incrementado la tensión en la zona.
Los vecinos aseguran que los agentes han llegado incluso a realizar revisiones a residentes, impidiendo el libre tránsito dentro del condominio. “La presencia de encapuchados y con armas largas tiene a mis hijos en un estado de ansiedad y miedo”, relató una vecina.
Ante esta situación, los inquilinos han comenzado a organizarse para emprender acciones legales, argumentando que el edificio habitacional se transformó de manera irregular en un espacio de reclusión para un acusado de alto perfil criminal.
“No solo tememos por lo que este hombre pueda hacer, sino por las represalias o atentados que pudiera generar su presencia aquí”, comentó otro de los residentes, quien, como sus vecinos, pide que las autoridades reconsideren la decisión judicial que permitió a Minero Alonso cumplir su prisión preventiva en una de las zonas más exclusivas y habitadas de la Ciudad de México.
