La Corte Suprema de Brasil emitió este lunes una orden de arresto domiciliario contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta cargos por presuntamente planear un golpe de Estado para anular su derrota electoral en 2022. El juez Alexandre de Moraes justificó la medida al señalar que Bolsonaro incumplió restricciones judiciales impuestas el mes pasado, lo que podría aumentar tensiones con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, acusado de interferir en el caso.
La decisión incluye prohibiciones para Bolsonaro de recibir visitas —excepto abogados y personas autorizadas— y usar teléfonos celulares directa o indirectamente. Estas restricciones se derivan de investigaciones que lo vinculan con intentos de manipular las elecciones y buscar apoyo de Trump, quien recientemente condicionó aranceles a productos brasileños a lo que llamó “persecución política” contra el exmandatario. El representante de prensa de Bolsonaro confirmó la orden, que marca un nuevo capítulo en el proceso judicial por supuesta conspiración con decenas de aliados.
Bolsonaro es investigado por presuntamente coordinar acciones para desconocer los resultados de los comicios que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. Documentos judiciales revelan reuniones con militares y campañas para desacreditar el sistema electoral, incluyendo solicitudes de apoyo a figuras internacionales. La conexión con Trump cobró relevancia después de que el mandatario estadounidense vinculó medidas comerciales al tratamiento judicial de Bolsonaro, generando fricciones diplomáticas.
El juez De Moraes destacó en su resolución que las restricciones previas —como entregar su pasaporte y abstenerse de contactar a otros investigados— fueron violadas, lo que motivó medidas más severas. “No hay espacio para tolerancia con acciones que amenacen la democracia”, afirmó. La defensa de Bolsonaro alega persecución política y anunció recursos legales, mientras seguidores del expresidente convocaron protestas en redes sociales.
El caso ha trascendido las fronteras brasileñas. Analistas señalan que la orden de arresto podría complicar las relaciones con Estados Unidos, donde Trump ha defendido públicamente a Bolsonaro. Esta semana, el Departamento de Estado evitó comentar directamente sobre el fallo pero reiteró su “respeto al sistema judicial brasileño”, en un intento por equilibrar posturas.
En Brasil, la medida fue celebrada por sectores que acusan a Bolsonaro de erosionar instituciones, mientras sus aliados la calificaron de “autoritaria”. El gobierno de Lula da Silva se mantuvo al margen, aunque fuentes oficiales señalaron que “la justicia sigue su curso”. El expresidente deberá permanecer en su residencia de Brasilia bajo vigilancia, en un proceso que podría extenderse meses mientras se recopilan pruebas.
El Tribunal Superior Electoral tiene previsto evaluar en septiembre pruebas adicionales sobre supuesto abuso de poder político y uso indebido de medios públicos durante la campaña de 2022. Paralelamente, la Corte Suprema investiga financiamiento irregular de grupos bolsonaristas que promovieron protestas contra el resultado electoral.
