CIBanco presentó una demanda civil ante una corte federal en Washington, D.C., en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impugnando la decisión adoptada en junio pasado de cortarle el acceso al sistema financiero de ese país. Entono México tuvo acceso a documentos donde la institución financiera mexicana alega que la sanción, derivada de supuestas actividades de lavado de dinero en favor del narcotráfico, es ilegal, viola el debido proceso y la presunción de inocencia, y pone a la entidad en riesgo de una “desaparición inminente” al no poderse defender adecuadamente. Solicita a la corte la suspensión temporal de los efectos de la medida.
El antecedente del caso se remonta al 25 de junio, cuando el Tesoro estadounidense, a través de su unidad de inteligencia financiera (FinCEN), anunció la imposición de sanciones a tres instituciones financieras mexicanas bajo el supuesto de que han ayudado a lavar activos de cárteles mexicanos considerados organizaciones terroristas. Como resultado, se les cortó el acceso al sistema financiero de Estados Unidos y se advirtió a otras entidades sobre la prohibición de realizar negocios con ellas. En la demanda, CIBanco explica que jamás recibió un aviso oficial ni tuvo oportunidad para confrontar las pruebas en su contra antes de la sanción.
El banco sostiene que la orden de FinCEN carece de especificidad y que la agencia se negó a compartir los detalles necesarios para una defensa adecuada. Afirma que las acusaciones son “generales y vagas” y no permiten identificar a las personas, cuentas o transacciones supuestamente relacionadas con el tráfico de opioides, ni demostrar complicidad. Pese a ello, se impusieron sanciones “desmesuradas” en lugar de optar por medidas menos severas. El procedimiento, considerado violatorio del debido proceso, ya ha causado daños significativos.
CIBanco detalla que, antes de la sanción, mantenía una asociación con Visa para proporcionar servicios clave de procesamiento para aproximadamente 220 mil tarjetas de débito y prepago emitidas por el banco. Como parte de este acuerdo, CIBanco mantenía una cuenta en Estados Unidos con Visa, con un saldo de aproximadamente 2.7 millones de dólares al 25 de junio. El 30 de junio, Visa dio por terminada la relación basándose en la orden de FinCEN. Esta terminación provocó que aproximadamente 150 mil tarjetas de prepago dejaran de funcionar y que se bloquearan unas 70 mil tarjetas de débito para su uso en el extranjero.
Además, el banco cuenta con decenas de cuentas bancarias dentro de Estados Unidos en aproximadamente diez instituciones financieras estadounidenses como parte de sus responsabilidades fiduciarias. En total, estas cuentas contienen más de 38 millones de dólares. Desde la publicación de la orden, CIBanco no ha podido acceder a muchas de estas cuentas, ya que las instituciones financieras estadounidenses han comenzado a cumplir con la prohibición de transmitir fondos hacia y desde el banco. Debido a la estructura de los fideicomisos, los beneficiarios tampoco pueden acceder directamente a los activos, lo que significa que los fondos están, en efecto, varados.
Los abogados de CIBanco afirman que el potencial colapso del banco, resultado de una sanción que consideran injustificada, tendrá graves daños colaterales en miles de terceros. Las personas con depósitos en el banco enfrentan un riesgo sustancial de pérdidas en caso de liquidación. Numerosos inversionistas estadounidenses, incluidos empleados estatales y locales como maestros y personal de emergencias, sufrirían pérdidas debido a la interrupción en la gestión de fondos de pensiones, fondos de inversión y otros fideicomisos. Además, más de 3 mil empleados del banco corren el riesgo de ser despedidos si la institución se ve obligada a cesar sus operaciones comerciales internacionales.
Bajo el supuesto de que la sanción es abusiva e ilegal, CIBanco ha pedido a la corte que emita una suspensión provisional y luego permanente de la orden que, a partir de septiembre, bloqueará completamente al banco del sistema financiero de Estados Unidos. También solicita que se instruya al Departamento del Tesoro para que revierta cualquier acción tomada y rescinda las comunicaciones relativas a la orden. Finalmente, una vez resuelto el caso a su favor, el banco demanda una indemnización por los daños económicos y operativos que ya ha causado esta decisión. El caso queda ahora en manos de la corte federal de Washington.
