La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que los policías capitalinos acudieron el pasado sábado a la marcha de la Generación Z con la consigna de “contener la violencia”, que estaban desarmados y que no se realizaron detenciones arbitrarias; la declaración se dio en el marco de la jornada en la Plaza de la Constitución, donde autoridades informaron sobre detenciones y la Fiscalía informó investigaciones por distintos delitos, incluida la tentativa de homicidio. Brugada explicó que la policía actuó equipada con protecciones y descartó el uso de herramientas disuasivas letales o de alto impacto, al tiempo que la fiscal Bertha Alcalde y el titular de la Secretaría de Seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez, aportaron cifras y siguieron la investigación sobre posibles violaciones al protocolo.
En conferencia, la mandataria capitalina sostuvo que el cuerpo policial asistió con el objetivo de contener cualquier situación de violencia y no de reprimir, y afirmó que la policía “no iba armada, la policía tenía su equipo de protección y nada más”. Subrayó que no se emplearon tácticas como balas de goma, toletes o cañones de agua, que en ocasiones se usan en otros países o en periodos anteriores en México. Brugada también señaló que la movilización, convocada en torno a la exigencia de seguridad y justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, estuvo impulsada por grupos de oposición y por el empresario Ricardo Salinas Pliego, a quienes atribuyó expresiones e incentivos a la violencia en los días previos a la marcha.
La jefa de Gobierno dijo que la convocatoria incluyó la participación de personajes opositores como Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belaunzarán y sostuvo que, pese a la denominación de “Generación Z”, la mayoría de las personas que participaron y de quienes protagonizaron actos violentos no eran jóvenes. Por ello, informó que solicitó a la fiscal de la Ciudad de México que investigue el origen de los grupos violentos que participaron en los hechos y determine si recibieron financiamiento.
Autoridades capitalinas y la Fiscalía reportaron detenciones y aperturas de carpetas de investigación tras los incidentes en la Plaza de la Constitución. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que 19 manifestantes permanecen detenidos luego de la movilización y detalló que, de los presentados ante el Ministerio Público, 18 están remitidos por diversos delitos. La fiscal Bertha Alcalde confirmó que, entre los delitos por los que fueron presentados están tentativa de homicidio, resistencia de particulares, robo y casos por lesiones en distintos grados.
En su reporte, la Fiscalía desglosó que tres detenciones están vinculadas a presunta tentativa de homicidio; cinco casos por resistencia de particulares; dos por lesiones y robo; y ocho por lesiones. Además, autoridades señalaron que un adolescente detenido fue remitido a la Fiscalía Especializada de Justicia para Adolescentes, y que otras diez personas fueron enviadas al juzgado cívico correspondiente por faltas que tardan en sanar menos de 15 días, según el informe oficial.
El titular de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que se investigan 18 casos relacionados con elementos policiacos por posibles “violaciones al protocolo de actuación policial”, entre los cuales se incluyen denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza y agresiones a miembros de la prensa. Vázquez indicó que, en siete de esas 18 investigaciones, el personal involucrado será suspendido temporalmente hasta que concluyan las indagatorias.
En relación con agresiones a periodistas y medios, la jefa de Gobierno reiteró su rechazo a los hechos violentos y defendió la actuación general de la policía como orientada a la contención. Brugada también apuntó a la existencia de mensajes y convocatorias previas desde sectores opositores que, según su interpretación, condicionaron el desarrollo de la movilización. En su declaración habló de un multimillonario que —dijo— ha llamado a la violencia y que además es concesionario de una de las televisoras más importantes del país, en referencia al empresario Ricardo Salinas Pliego; en ese contexto, la mandataria vinculó estas expresiones con la convocatoria y la escalada de agresiones documentadas en redes y medios.
Los informes oficiales y las denuncias recopiladas durante y después de la marcha incluyen, además de los delitos mencionados por la Fiscalía, testimonios y registros audiovisuales que autoridades y organizaciones han considerado para sus investigaciones. Las declaraciones de la funcionaria y los reportes de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad establecen un conjunto de procedimientos administrativos y penales en curso: por un lado, la instrucción de revisar la actuación policial y suspender a quienes sean investigados; por otro, la integración de carpetas de investigación por delitos que van desde lesiones hasta tentativa de homicidio.
La combinación de versiones oficiales, judiciales y de defensa de derechos civiles conforma el marco en el que se desarrolla la investigación sobre los acontecimientos del Zócalo. Mientras la jefa de Gobierno defiende la intervención policial como una tarea de contención y desarmada, la Fiscalía documenta detenidos y tipifica diversos delitos, y la Secretaría de Seguridad procesa investigaciones internas sobre el actuar de sus elementos, incluidas posibles sanciones y suspensiones temporales.
El avance de las indagatorias determinará responsabilidades administrativas y penales. Por lo pronto, las autoridades han dejado claro que existen simultáneamente procedimientos contra manifestantes por delitos que la Fiscalía ha descrito y revisiones internas por presuntas faltas en el protocolo policial. La presencia de detenidos en diferentes instancias —ministerial, cívica y especializada para adolescentes— y la intervención de abogados y defensores reflejan el entramado jurídico que seguirá su curso conforme a las diligencias que ordenen la Fiscalía y los juzgados competentes.
