El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general la reforma a la Ley Aduanera impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo principal es modernizar el marco regulatorio del comercio exterior, fortalecer el control de aduanas y endurecer las sanciones en el sector. La votación se caracterizó por el rechazo de los partidos de oposición PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes consideraron que la reforma no combate efectivamente el contrabando ni la corrupción dentro del gobierno y que traslada responsabilidades de manera desproporcionada a los particulares.
Durante el debate parlamentario, la diputada Verónica Martínez del PRI acusó que con esta reforma “pretenden lavarse las manos por el huachicol fiscal”, señalando que las nuevas sanciones establecidas en el dictamen son desproporcionadas y no abordan las causas fundamentales de la evasión fiscal en las aduanas mexicanas. La legisladora enfatizó que el problema de fondo reside en la corrupción al interior de las instituciones gubernamentales y no en la falta de regulación para los agentes aduanales privados.
Los diputados del PAN realizaron una protesta simbólica durante la sesión al llevar bidones de gasolina y pancartas con la leyenda “El robo del siglo: 600 mil millones del huachicol fiscal”, en alusión al quebranto que, según estimaciones de la Procuraduría Fiscal, ha causado el contrabando de combustibles en el país durante los últimos años. Esta acción buscaba visibilizar su postura crítica respecto a lo que consideran un abordaje insuficiente del problema del huachicol fiscal por parte de la reforma aprobada.
El dictamen, presentado por el diputado morenista Carol Antonio Altamirano, modifica 65 artículos de la Ley Aduanera, adiciona 44 y deroga nueve, constituyendo una transformación integral de la normativa que rige el comercio exterior en México. Entre los cambios más significativos se establece la creación del Consejo Aduanero —que será presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público—, se amplía de 10 a 20 años la vigencia de las patentes aduanales y se autoriza el uso de cartas de crédito como garantía para los importadores, buscando agilizar los procesos de comercio internacional.
Altamirano defendió durante su intervención en tribuna que las medidas contenidas en la reforma buscan “combatir la evasión, el contrabando y la corrupción” en el sistema aduanero mexicano, además de fortalecer las finanzas públicas mediante una mayor recaudación fiscal en las operaciones de comercio exterior. El legislador argumentó que la modernización del marco legal permitirá una supervisión más efectiva de las mercancías que ingresan y salen del territorio nacional, particularmente en sectores sensibles como los combustibles.
En contraste, el diputado panista Federico Döring calificó la reforma como una “farsa propagandística” y sostuvo que el gobierno “solo ha recuperado el 1% del dinero robado por el huachicol fiscal”, cuestionando la efectividad real de las medidas implementadas hasta el momento para combatir este delito. Desde tribuna, Döring señaló directamente a los diputados de Morena de tener “el 1% de capacidad y el 99% de delitos, narcoterrorismo y huachicoleros fiscal”, en un tono de confrontación que marcó el ambiente del debate.
Movimiento Ciudadano, por su parte, se sumó a las críticas al lamentar que “los grandes fraudes no nacen en las ventanillas, sino en las oficinas del poder”, sugiriendo que el problema de la corrupción aduanera requiere una aproximación diferente que enfrente las complicidades al interior de las dependencias gubernamentales y no solo incremente las cargas regulatorias para los particulares.
La diputada Merary Villegas de Morena respondió a las críticas afirmando que la reforma garantizará aduanas limpias y seguras, al tiempo que recordó cómo “bajo los gobiernos del PAN se abrieron las aduanas al crimen”, en un intento por contextualizar la iniciativa dentro de una narrativa de combate a la corrupción que, según su partido, caracteriza a la actual administración federal.
