La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enfrenta una intensa disputa interna respecto a quién debe asumir la presidencia del órgano, a pesar de que la Constitución establece claramente que corresponde al magistrado más votado. Se conoció que el bloque mayoritario compuesto por la magistrada Mónica Soto y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata planea evitar que Gilberto Bátiz, quien obtuvo la mayor votación, asuma la presidencia bajo el argumento de que carece de la experiencia necesaria para garantizar certeza en el cargo. Esta situación se produce a pesar de que públicamente Felipe de la Mata había señalado previamente que la Constitución era clara y debía respetarse.
El descontento contra Bátiz se habría incrementado tras una fotografía que el magistrado electo publicó en sus redes sociales el 27 de junio junto a Janine Otálora, donde aseguró que con ella veía “apertura, diálogo y entendimiento”. Esta publicación fue interpretada por algunos sectores como una afrenta directa a las divisiones existentes con el bloque mayoritario. Una presunta reunión posterior de Bátiz con el bloque minoritario habría sido tomada como un desaire por no buscar primero un acercamiento con la magistrada presidenta Mónica Soto.
La magistrada presidenta Mónica Soto tiene sus propios planes, solicitando no entregar la presidencia el 1 de septiembre sino esperar hasta el 31 de octubre, periodo que le correspondía con el anterior sistema pero que con la reforma judicial quedó sin efecto. Detrás de esta estrategia estaría su intención de buscar apoyo para una posible reelección. Fuentes de las ponencias de la Sala Superior confirmaron que Felipe de la Mata y Felipe Fuentes temen que Mónica Soto pueda romper la mayoría si no la apoyan en su reelección.
La situación se complica adicionalmente porque Janine Otálora ya comunicó a su ponencia que planea dejar la magistratura el 31 de octubre, cuando vence el plazo inicial de su cargo, pues no aceptaría la ampliación hasta 2027 que decretó la reforma judicial. Esto generaría otra vacante que llevaría al Senado a nombrar directamente a la segunda mujer más votada, María del Rocío Balderas Fernández, quien tiene estrecha relación con Morena y sus gobiernos. Balderas Fernández fue titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Gobernación con Olga Sánchez Cordero.
El próximo 1 de septiembre, el Senado de la República tendrá la responsabilidad de tomar protesta a las nuevas magistraturas y definir si entrega la constancia de presidencia a Gilberto Bátiz como establece la Constitución, o si cede a una regla de paridad no prevista en la ley para apoyar a Claudia Valle Aguilasocho, o si abre la puerta a una posible reelección de Mónica Soto dejando la decisión en una votación interna. La resolución del Senado marcará el inicio de la nueva integración de la Sala Superior y podría reforzar las divisiones existentes con dos nuevos integrantes en cada bando.
