Autoridades judiciales confirmaron que la audiencia para analizar la posible liberación del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue adelantada para este martes 11 de noviembre en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, pese a que estaba prevista para el miércoles. Duarte podría obtener su libertad anticipada si la jueza a cargo del caso lo avala, luego de cumplir la mayor parte de su condena de nueve años por lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Desde las primeras horas del martes, personal judicial, representantes de la defensa y autoridades federales se presentaron en los juzgados del Reclusorio Norte para dar inicio a la audiencia en la que se determinará si Javier Duarte cumple con los requisitos legales para acceder al beneficio de libertad anticipada.
El procedimiento estaba originalmente programado para realizarse el miércoles, sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que se adelantó “por razones de agenda del tribunal”. La audiencia se desarrolla a puerta cerrada y bajo estrictas medidas de seguridad, dado el alto perfil del caso y la atención pública que ha generado.
Duarte, quien gobernó Veracruz entre 2010 y 2016, se encuentra detenido desde 2017 y fue sentenciado en 2018 a nueve años de prisión tras declararse culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa. Su condena concluiría formalmente en abril de 2026, pero la ley permite solicitar la libertad anticipada una vez cumplidas dos terceras partes de la pena, siempre que el reo haya mostrado buena conducta y no enfrente otros procesos judiciales vigentes.
La defensa del exmandatario argumenta que Duarte ha cumplido los requisitos establecidos en el Código Penal Federal y que su reclusión ha sido ejemplar. Si la jueza aprueba la solicitud, Duarte podría abandonar el penal en los próximos días. En caso contrario, permanecería privado de la libertad hasta cumplir la totalidad de su condena.
Javier Duarte fue uno de los gobernadores más polémicos de su generación, acusado de encabezar una red de corrupción y desvío de recursos sin precedentes en el país. De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante su administración fueron malversados más de 62 mil millones de pesos de fondos federales destinados a educación, salud, seguridad, obras públicas, asistencia social y atención a desastres naturales.
Este monto constituye el mayor caso documentado de manejo irregular de recursos públicos en la historia reciente de México. Las auditorías abarcan los ejercicios de 2011 a 2016 y derivaron en 71 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, hasta la fecha, ninguna ha derivado en una sentencia firme.
El único funcionario encarcelado por los desvíos ha sido el propio Javier Duarte, aunque su condena corresponde a un proceso distinto, centrado en la creación de empresas fantasma utilizadas para lavar dinero público.
En su momento, el ex tesorero estatal Antonio Tarek Abdalá declaró ante la FGR que Duarte implementó y coordinó directamente el esquema de desvíos mediante un decreto que permitía disponer temporalmente de recursos federales bajo el argumento de “necesidades urgentes de gasto”. Según su testimonio, el dinero fue utilizado para cubrir deudas del estado, pero también para fines personales del exgobernador y su círculo cercano.
A pesar de la magnitud del caso, las investigaciones de la FGR han avanzado lentamente. De las más de 50 carpetas de investigación abiertas, solo una decena ha sido judicializada y la mayoría permanece fragmentada en distintas áreas de la fiscalía, lo que ha dificultado su resolución.
En el portal del Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF, aún se registran observaciones sin solventar por más de 62 mil millones de pesos. Las autoridades federales concluyeron que los recursos no serían recuperados, al no existir documentación que acreditara su uso legítimo.
Mientras tanto, Duarte y su defensa insisten en que las irregularidades detectadas por la ASF no implican necesariamente delitos y que su encarcelamiento obedeció a una persecución política. El exmandatario se declaró culpable en 2018 sin someterse a juicio, lo que le permitió recibir una pena reducida.
Durante la audiencia que ahora se desarrolla, la jueza deberá determinar si Duarte ha cumplido con las condiciones para acceder a la libertad anticipada o si, por el contrario, debe continuar su condena en prisión. La decisión podría conocerse en las próximas horas o diferirse para una nueva fecha.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ni la FGR han emitido comentarios sobre el proceso. Tampoco se ha confirmado si la audiencia cuenta con representación de víctimas indirectas o de la ASF como parte ofendida.
A casi una década del término del gobierno de Javier Duarte, no existe reparación del daño ni responsables sentenciados por el desvío histórico de recursos federales detectado en Veracruz. El caso continúa abierto y bajo revisión de las autoridades judiciales y de fiscalización.
