El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra los cárteles mexicanos al enfocar sus investigaciones en las fuentes financieras que sostienen sus operaciones, particularmente en el uso de criptomonedas para mover ganancias del narcotráfico desde ciudades estadounidenses hacia líderes criminales en México, como parte de una estrategia que busca debilitar el núcleo económico de estas organizaciones, según documentos judiciales y declaraciones de fiscales federales.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los intermediarios financieros vinculados con los cárteles han adaptado sus métodos para evadir el endurecimiento de la aplicación de la ley. En lugar de recurrir únicamente a esquemas tradicionales de lavado de dinero, han incrementado el uso de activos digitales para canalizar recursos ilícitos a través de la frontera sin ser detectados. Esta evolución en las tácticas ha llevado al DOJ a modificar su enfoque operativo.
Los fiscales han decidido centrar sus esfuerzos en los presuntos operadores financieros, en lugar de los traficantes callejeros, al considerar que estos intermediarios son un elemento crítico para el funcionamiento de los cárteles. De acuerdo con las investigaciones, estas personas se encargan de recolectar efectivo en distintas ciudades de Estados Unidos, ocultarlo o convertirlo en activos digitales y transferirlo a México, a cambio de una comisión por cada transacción realizada.
Según documentos judiciales citados por las autoridades, los acusados supervisaban el movimiento de las ganancias del narcotráfico y se quedaban con un porcentaje del dinero que regresaba a los cárteles como pago por sus servicios. La tendencia más reciente identificada por los fiscales consiste en transformar grandes cantidades de efectivo en criptomonedas y comerciar con ellas, lo que permite eludir los controles tradicionales del sistema bancario.
Las criptomonedas son activos digitales que operan mediante tecnología de cadena de bloques, conocida como blockchain, un sistema descentralizado que registra las transacciones en bloques enlazados y distribuidos en múltiples nodos alrededor del mundo. A diferencia del dinero tradicional, estos activos no dependen de bancos centrales ni de instituciones financieras reguladas, lo que los convierte en una opción atractiva para quienes buscan mover recursos fuera de los mecanismos de supervisión convencionales.
Aunque cada transacción realizada con criptomonedas queda registrada de manera permanente en la cadena de bloques, el rastreo de su origen resulta complejo. Esto se debe a que los usuarios no están identificados con nombres reales, sino con direcciones alfanuméricas. Además, existen mecanismos adicionales que dificultan seguir el rastro del dinero, como el uso de mezcladores, billeteras digitales anónimas y la conversión entre múltiples criptomonedas.
Este anonimato relativo ha sido aprovechado por organizaciones criminales para convertir grandes volúmenes de efectivo en activos digitales y transferirlos de manera internacional sin necesidad de pasar por bancos tradicionales, lo que reduce significativamente las probabilidades de detección por parte de las autoridades financieras.
En paralelo a esta estrategia, desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, México ha entregado a más de 90 acusados de alto nivel vinculados con los cárteles, en tres transferencias que han generado debate legal en el país. Entre los individuos entregados se encuentran 37 personas enviadas en enero, incluidos presuntos enlaces financieros que operaban desde territorio mexicano.
Funcionarios estadounidenses han señalado que estas entregas no solo buscan enviar un mensaje disuasorio, sino que también podrían derivar en nuevas acusaciones contra líderes de alto nivel, en caso de que los acusados decidan cooperar con las autoridades de Estados Unidos durante los procesos judiciales.
En el marco de la administración republicana de Donald Trump, el DOJ ha llevado a cabo una reestructuración de su División Criminal, integrando fiscales especializados en narcóticos con expertos en lavado de dinero. Esta reorganización tiene como objetivo reflejar un cambio más amplio en la estrategia gubernamental, orientado al ataque directo de los sistemas financieros que sostienen las operaciones de los cárteles mexicanos, en lugar de limitarse a acciones contra eslabones operativos de menor nivel.
