Uriel Rivera Martínez, el individuo señalado por agredir sexualmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a una mujer de 25 años, fue trasladado este jueves al Reclusorio Preventivo Varonil Norte donde será presentado ante un juez de control. El traslado se realizó al concluir el plazo legal posterior a su detención, con custodia de agentes de la Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes lo escoltaron desde las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en la colonia Doctores hasta el penal ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.
La detención de Rivera Martínez, de 33 años, se produjo la noche del martes pasado aproximadamente a las 20:00 horas en el Paseo de la Condesa, colonia Centro, luego de que una joven de 25 años lo señalara como su agresor ante elementos de la policía capitalina que ya realizaban seguimiento al individuo por el episodio en contra de la mandataria federal. El sujeto fue identificado y detenido en el lugar tras la denuncia de la afectada.
De acuerdo con fuentes ministeriales consultadas, Uriel Rivera se encontraba bajo influjo del alcohol y otras sustancias en el momento de los hechos, situación que llevó a un médico legista a solicitar al Ministerio Público que se le concedieran al menos 12 horas para que el detenido pudiera rendir su declaración en condiciones adecuadas. Una vez transcurrido este periodo, el individuo declaró que se dedicaba a trabajar en el Centro de la capital ofreciendo lentes a las personas que diariamente visitan el primer cuadro de la ciudad.
Según información oficial, Rivera Martínez cuenta con antecedentes penales por el delito de robo, aunque no se precisaron detalles sobre estas imputaciones anteriores. Las fuentes ministeriales indicaron que continúa el análisis de los hechos específicos en contra de la Presidenta Sheinbaum, sin precisar por cuál de las dos carpetas de investigación abiertas en su contra fue finalmente consignado el acusado.
En respuesta a los acontecimientos, la mesa directiva del Congreso local emitió un comunicado condenando los hechos ocurridos el martes pasado y haciendo un llamado a todas las instituciones y a la sociedad en general para no normalizar ni justificar la violencia contra las mujeres. El organismo legislativo subrayó que una agresión como la que vivió la mandataria federal “debe ser de cero tolerancia”, reflejando la postura institucional frente a este tipo de delitos.
El caso se enmarca en un contexto más amplio de violencia contra mujeres en la capital. Datos obtenidos de la Policía Auxiliar del Sector 64 revelan que en un periodo de un año se han realizado por lo menos 120 detenciones de agresores de mujeres en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Durante ese mismo lapso, se han atendido aproximadamente 395 llamados de mujeres de la demarcación que solicitaron acompañamiento por parte de los sectores de la policía capitalina.
Sin embargo, las estadísticas consultadas muestran que del total de agresores detenidos, solamente 25 continúan su proceso en prisión, mientras que el resto obtuvo su libertad, aunque no se precisó el estado actual de su situación jurídica ni las causas específicas que determinaron su liberación. Estas cifras evidencian los desafíos en el proceso judicial para mantener privados de la libertad a los presuntos agresores.
El traslado de Uriel Rivera Martínez se realizó bajo estrictas medidas de seguridad en un vehículo oficial ministerial, con el detenido vestido con una sudadera amarilla durante su traslado al penal. El proceso continuará con la audiencia inicial programada para este viernes, donde el juez de control determinará la situación jurídica del acusado en relación con las agresiones sexuales cometidas, marcando el inicio formal del proceso penal en su contra.
La agresión a la presidenta Sheinbaum y el posterior señalamiento por parte de otra víctima han generado atención pública sobre los mecanismos de protección para mujeres en espacios públicos y la eficacia de los sistemas de justicia para procesar este tipo de delitos. El caso representa una prueba significativa para las autoridades judiciales de la ciudad, que deberán determinar la legalidad de la detención y la procedencia de las acusaciones en contra del detenido durante las etapas procesales siguientes.
