El Ministerio Público de la Federación reveló que ocho empresarios están bajo investigación por sus presuntos vínculos con el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de una investigación que conecta el huachicol fiscal con el tráfico de armas en distintas entidades del país.
Los empresarios fueron identificados como Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques”, Brenda Mariela Salas Ramírez, José Isabel Murguía Santiago, José Ramírez Guardado, José René Tijerina Mendoza, Gustavo de Jesús Guillén Chávez, Anuar González Hemad y Héctor Manuel Portales Ávila. Según los reportes de la Fiscalía General de la República (FGR), al menos tres de ellos —Portales Ávila, Murguía Santiago y González Hemad— ya se encuentran detenidos.
La carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITA-TAMP/000464/2025 señala que estos empresarios forman parte de una organización criminal respaldada por grupos delictivos con presencia nacional e internacional. Los cargos incluyen delitos en materia de hidrocarburos, así como violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Órdenes de aprehensión y riesgo de fuga
La orden de aprehensión contra Roberto Blanco Cantú fue librada el 5 de septiembre de 2025, por el delito de posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos. Debido a su capacidad económica y presunta influencia, el Ministerio Público solicitó que los empresarios sean recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, al considerar que podrían fugarse o representar un riesgo en prisiones de baja seguridad.
En los documentos también se establece que estos empresarios han participado en la introducción de armamento bélico de alto calibre, incluyendo granadas, lanzagranadas y cartuchos, los cuales eran presuntamente entregados a grupos criminales. Dicho material ingresaba al país a través del puerto de Tampico, proveniente de Estados Unidos, en los mismos buques donde también se introducía hidrocarburo de manera ilegal.
La investigación apunta a que los empresarios utilizaban empresas fachada y documentación aduanal manipulada para realizar operaciones internacionales. Una de las principales compañías mencionadas es Mefra Fletes, propiedad de Roberto Blanco Cantú, con presencia en 15 estados de México la cual se piensa que es el enlace con el CJNG.
Según la FGR, los involucrados declaraban el ingreso de gasolinas y diésel como si se tratara de aceites y lubricantes, con el fin de evadir el pago de impuestos especiales. Estas operaciones habrían contado con la complicidad de la Aduana del Puerto de Altamira, en Tampico.
Antecedentes y personajes implicados
Entre los investigados figura Anuar González Hemad, exjuez de Distrito inhabilitado y vinculado en su momento con el caso de Los Porkys. Asimismo, José Isabel Murguía Santiago, hermano del exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, fue detenido por su presunta relación con el caso del Rancho Izaguirre.
Las autoridades consideran que la red criminal encabezada por Blanco Cantú y sus socios estuvo involucrada en la posesión ilícita de 1 millón 854 mil litros de gasolina y 580 mil litros de diésel, lo que representa un daño económico significativo para el Estado mexicano.
A pesar de que la primera denuncia fue presentada el 28 de enero de 2022, la FGR tardó más de tres años en judicializar la investigación. La querella fue formalmente abierta hasta marzo de 2025, lo que derivó en las órdenes de aprehensión libradas contra los ocho empresarios.
La carpeta integrada por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, junto con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, detalla que esta red criminal operaba en al menos cuatro entidades: Tamaulipas, Colima, Sonora y Ciudad de México.
Vínculos con otros cárteles
Aunque el Ministerio Público ha documentado relaciones directas con el Cártel del Golfo y el CJNG, también se han identificado pruebas que vinculan al Cártel de Sinaloa, especialmente en operaciones para introducir cocaína al país mediante rutas marítimas internacionales.
El hallazgo de estos nexos se conecta con otras investigaciones en curso, como la que involucra a 14 personas —entre ellas los hermanos Farías Laguna, altos mandos de la Secretaría de Marina—, señalados como operadores de una red de huachicol en Tamaulipas. Según los documentos, estos marinos presuntamente colaboraban con los empresarios para garantizar la entrada de hidrocarburos al territorio mexicano.
Mueren 7 funcionarios en caso de huachicol fiscal
Al menos siete personas vinculadas al combate del contrabando de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”, han fallecido en circunstancias violentas o bajo investigación. Entre las víctimas se encuentran cuatro marinos, tres exfuncionarios federales de la Fiscalía General de la República (FGR) y un empleado de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Los decesos, ocurridos en diferentes estados del país, han puesto el foco en los riesgos asociados a la lucha contra la corrupción en las aduanas mexicanas.
El caso más reciente fue reportado ayer por la Secretaría de Marina (Semar). La dependencia confirmó el fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga durante un ejercicio de práctica de tiro real en las instalaciones de la Zona Naval de Puerto Peñasco, Sonora. En un comunicado oficial, la Marina informó que el militar “se accidentó” en el desarrollo de dicho entrenamiento.
El capitán Del Ángel Zúñiga se había desempeñado previamente como subadministrador de Operación Aduanera en el puerto de Manzanillo, Colima. Ocupó ese cargo hasta el año 2023, cuando fue reemplazado por el también marino Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias. Este último fue secuestrado y privado de la vida en mayo de 2023, apenas dos semanas después de haber asumido el puesto. En su momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el homicidio de Martínez Covarrubias fue una respuesta a las acciones de control implementadas por su gobierno para combatir el tráfico de fentanilo en ese puerto estratégico.
La muerte del capitán Zúñiga en Sonora ocurrió apenas unas horas después de otro evento trágico. El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, fue encontrado sin vida en su oficina. Reportes oficiales preliminares señalaron su deceso como un aparente suicidio. El militar recibía sobornos por 100 mil pesos mensuales para permitir el ingreso de buques con combustible no reportado para evadir el pago de impuestos.
La lista de fallecimientos relacionados con este fenómeno se extiende a otros funcionarios. En agosto pasado, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, fue asesinado. Su muerte fue vinculada al aseguramiento de casi dos millones de litros de hidrocarburo que pertenecían a una célula del Cártel del Golfo, en un predio de la ciudad de Reynosa.
El nivel de violencia también alcanzó a altos mandos navales. En noviembre del año pasado, sujetos armados asesinaron al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien se desempeñaba como director general de Recaudación de Aduanas en el puerto de Manzanillo, Colima. El alto mando había denunciado formalmente una red de corrupción al interior de las aduanas. Según sus reportes, la red estaba encabezada por los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
La funcionaria de la FGR en Colima, Magaly Janet Nava Ramos, también fue ejecutada por un comando en octubre de 2024. Su muerte fue relacionada con las investigaciones que realizaba sobre las actividades de los hermanos Farías Laguna dentro de la Secretaría de Marina y el sistema aduanero.
Finalmente, en mayo de 2024, Carlos Narváez Romero, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México, fue asesinado en la Ciudad de México. Narváez Romero había buscado ser titular de esa agencia en 2022, justo cuando esta pasaba al control de las Fuerzas Armadas.
