El gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez cerró su último año de administración con observaciones por más de 830 millones de pesos en presunto daño patrimonial, según el informe del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis). La revisión de la Cuenta Pública 2024 documentó pagos en exceso, obras inconclusas, sobrecostos y mala calidad constructiva en cinco dependencias y 34 organismos públicos descentralizados.
Las irregularidades más graves se concentran en tres obras emblemáticas: la remodelación del Estadio Luis “Pirata” Fuente, el Nido del Halcón y el Acuario de Veracruz, que en conjunto acumulan más de 300 millones de pesos observados.
En Proceso la periodista Flavia Morales da cuenta de que, de acuerdo con el informe, la remodelación del “Pirata” Fuente presenta un daño patrimonial de 160.3 millones de pesos, resultado de deficiencias técnicas, pagos en exceso y volúmenes no ejecutados. El proyecto, considerado símbolo del sexenio de García Jiménez, tuvo una inversión pública de mil 500 millones de pesos y fue adjudicado en varias etapas a las empresas Pegsa Construcciones y Grupo AEM México JF SA de CV, esta última vinculada al empresario Mario Manuel Guerra Mabarak, cercano a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante las inspecciones realizadas en junio y julio de 2025, el Orfis constató fallas estructurales, oxidación, filtraciones y roturas en torres y barandales, además de deficiencias en accesos, módulos comerciales sin servicios y problemas de visibilidad en más de 600 asientos. La gobernadora Rocío Nahle anunció que los pagos pendientes a las empresas constructoras permanecerán detenidos hasta concluir una auditoría técnica independiente.
El Acuario de Veracruz, administrado por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) desde 2022, presenta un presunto daño patrimonial de 81.3 millones de pesos. El Orfis identificó pagos en exceso, falta de permisos ambientales de la Semarnat y deficiencias en estructuras y estanques, además de desprendimiento de materiales y acabados deficientes.
El Nido del Halcón, ubicado en Xalapa, también fue observado por retrasos administrativos que prolongaron su conclusión, con deficiencias en supervisión y ejecución.
Entre las dependencias más señaladas por el Orfis destacan la PMA, el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) y los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), que concentran más del 60% del daño patrimonial total.
La PMA, encabezada por Sergio Rodríguez Cortés, acumula 273.8 millones de pesos observados, correspondientes a obras ambientales inconclusas o no realizadas. Entre ellas, destacan el rescate de la laguna San Julián con daño estimado en 12.2 millones, la limpieza del corredor acuático de la laguna Río Viejo con 22 millones, la remediación del tiradero municipal de Veracruz con 41 millones, y la construcción del Centro de Transformación de Residuos Plásticos, con 54 millones de pesos.
Rodríguez Cortés, quien ha sido señalado en diversas ocasiones por presuntos actos de corrupción, fue dirigente del PRD estatal, alcalde de Camerino Z. Mendoza y posteriormente se incorporó a Morena. En 2020, la empresa Walmart de México lo denunció por presuntamente exigir 10 millones de pesos en multas y pagos “voluntarios” para adherirse al Programa de Certificación Verde.
Por su parte, el IEEV, encabezado por Zenzayen Escobar, presenta 201.7 millones de pesos observados por obras escolares inconclusas o sin comprobación de recursos. En los Servicios de Salud de Veracruz, administrados por Jorge Sisniega, se reportó un daño de 56 millones de pesos por la adquisición irregular de un sistema fotovoltaico y una planta de emergencia para hospitales en Coatzacoalcos y Veracruz, contratados con la empresa Antber SA de CV, creada apenas en 2022.
Otras dependencias con observaciones son el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (79.8 millones), la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (27.7 millones), la Comisión Estatal del Agua (24.7 millones), el Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología (21.5 millones) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (15.1 millones).
El Orfis, encabezado por Delia González Cobos, advirtió que las irregularidades incluyen falta de permisos ambientales, sobrecostos, contratos sin comprobación, deficiencias técnicas y documentación incompleta. Las observaciones fueron integradas en los Informes Individuales de Resultado, los cuales serán analizados para determinar responsabilidades administrativas, resarcitorias o penales por los presuntos daños al erario público.
