El Gobierno de Venezuela confirmó la excarcelación de casi un centenar de personas que permanecían privadas de la libertad luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024. Las detenciones se produjeron tras los comicios que dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro, un proceso electoral que fue cuestionado por la oposición venezolana y por buena parte de la comunidad internacional, que denunció presuntas irregularidades.
El anuncio fue realizado por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram. En el texto, la institución informó que la decisión se tomó tras un proceso de revisión individual de los casos, lo que derivó en la concesión de medidas cautelares para los detenidos.
“El Gobierno y el Sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el dialogo y la justicia”, señaló el organismo.
El ministerio recordó que las personas beneficiadas con la medida se encontraban detenidas “por su participación en los hechos de violencia e incitación al odio, posteriores a la jornada electoral del pasado 28 de julio de 2024”. De acuerdo con la versión oficial, la excarcelación forma parte de las gestiones que el Ejecutivo venezolano mantiene de manera permanente con el propósito de “garantizar el respeto irrestricto de los Derechos Humanos”.
En el comunicado, las autoridades subrayaron que la decisión alcanza “incluso” a personas que, según el Gobierno, actuaron como resultado de presiones externas. En ese sentido, indicaron que la medida también beneficia a quienes, “siendo víctimas de la manipulación política y mediática, atentaron contra la soberanía, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica”.
El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario destacó además que esta decisión se produce en un contexto internacional que calificó como adverso para el país. En el texto se alude a un escenario “marcado por el asedio imperialista y las agresiones multilaterales contra el país”, en referencia a las tensiones con la Administración de Donald Trump.
Entre los hechos mencionados se encuentran los ataques a supuestas narcolanchas, la anunciada intención de intervenir en territorio venezolano y la interceptación de petroleros sancionados que entren y salgan de las costas de Venezuela. Pese a este contexto, el Gobierno aseguró que se mantienen las garantías para las personas privadas de la libertad.
Así, el comunicado oficial afirmó que “aun” en estas circunstancias, “el Estado venezolano garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral”. En la misma línea, el ministerio reiteró el mensaje político del Ejecutivo al señalar: “El Gobierno Bolivariano continuará trabajando de manera firme y responsable por la paz, la justicia y la defensa de la soberanía nacional”.
El anuncio del Ejecutivo se produjo después de que varias organizaciones no gubernamentales venezolanas reportaran la excarcelación de un número menor de personas. Entre ellas se encuentran Justicia, Encuentro y Perdón; el Comité de Madres en Defensa de la Verdad y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP), que habían informado sobre la liberación de entre 60 y 75 ciudadanos.
Las autoridades venezolanas salieron al paso de estas versiones al precisar que el número total de excarcelaciones asciende a 99 personas, según la información oficial difundida por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.
De acuerdo con datos de la organización Foro Penal, citados en el mismo contexto, actualmente 902 personas permanecen detenidas en Venezuela por motivos políticos. Además, la ONG señaló que 62 personas se encuentran en condición de desaparición forzada, una situación que continúa siendo monitoreada por organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país.
La excarcelación anunciada se suma a otros movimientos registrados en el sistema de justicia venezolano tras el proceso electoral de 2024, en un escenario político marcado por la polarización interna, las denuncias de fraude electoral y la presión internacional sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.
