*La Fiscalía Anticorrupción de la FGR judicializó el caso contra la activista y la próxima semana solicitará que sea vinculada a proceso por un delito que podría alcanzar 12 años de cárcel.
Por: Arturo Angel
La Fiscalía General de la República (FGR) quiere que la directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, sea enjuiciada por su supuesta responsabilidad en delitos de corrupción.
Autoridades de la FGR confirmaron a Entorno que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) presentó ante un juez federal, tras poco más de año y medio de investigaciones, una acusación en contra de Amparo Casar y de al menos dos exfuncionarios de Petróleos Mexicanos por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Lo anterior ya que, supuestamente, la también activista recibió mensualmente y durante casi dos décadas una pensión de viudez de parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) que no era procedente, lo que habría dejado un quebranto al erario superior a 30 millones de pesos.
Se trata de un delito contemplado en el artículo 217 del Código Penal Federal que, si bien aplica para servidores públicos, su fracción II también contempla responsabilidades para particulares que soliciten beneficios “indebidos”. La sanción para quien resulte responsable va de los 6 meses a los 12 años de prisión.
La Jornada, el medio de comunicación que dio a conocer en primera instancia la judicialización de la carpeta de investigación, indicó que la audiencia para la imputación inicial en contra de las personas identificadas como presuntas responsables está programada para el próximo martes a las diez de la mañana.
Cabe señalar que, en caso de ser vinculados a proceso, la fiscalía podría solicitar algún tipo de media cautelar en contra de Casar y de los otros dos implicados para limitar su movilidad. El delito que se les pretende imputar no amerita la aplicación de una prisión preventiva oficiosa.
Contexto del caso
La denuncia penal que dio paso al caso en contra de Amparo Casar fue presentada el 5 de abril de 2024 por el área jurídica de Pemex, y la FGR abrió formalmente la carpeta de investigación el 15 de abril de 2024.
El caso se remonta a octubre de 2004, cuando Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de María Amparo Casar, falleció tras caer de la Torre de Pemex el 7 de octubre. El 19 de octubre de 2004 se solicitó el pago de una pensión póstuma para los beneficiarios, y el 10 de enero de 2005, Pemex otorgó a Casar una pensión vitalicia de aproximadamente 125 mil pesos mensuales, la cual se pagó ininterrumpidamente durante casi 20 años hasta marzo de 2024.
Pemex suspendió el pago en febrero de 2024 y posteriormente presentó la denuncia argumentando que Casar habría generado un perjuicio económico a la empresa por más de 31 millones de pesos.
Según la denuncia de Pemex, existen varias irregularidades en el otorgamiento de esta pensión. Primero, la causa de muerte fue suicidio, lo cual según la empresa descalificaría el derecho a la pensión. Segundo, el esposo de Casar solo había trabajado cuatro meses en Pemex, cuando los requisitos de antigüedad establecen un periodo de más de dos años para acceder a estas prestaciones. La querella se presentó contra diversos exservidores públicos de Pemex que autorizaron la pensión, así como contra María Amparo Casar y sus dos hijos, Fernanda y Carlos Márquez Padilla Casar.
La mano de AMLO y la respuesta de Casar
En mayo de 2024 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador hizo declaraciones sobre el caso durante su conferencia matutina. Según el expresidente Casar se habría restado a alterar el certificado de defunción de su esposo lo cual, dijo, era “un delito grave”.
El que en ese momento era director de Pemex y hoy es director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, también participó en estas acusaciones durante la mañanera, señalando que con diferentes acciones legales la petrolera buscará recuperar los más de 31 millones de pesos pagados.
María Amparo Casar respondió públicamente el 9 de mayo de 2024 mediante un video, afirmando: “Ejercer un derecho nunca puede ser corrupción, el presidente ha tomado una tragedia familiar para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella”.
Tras la suspensión del pago, Casar promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia del Trabajo, y el 10 de mayo de 2024 el entonces juez Ricardo Guzmán Wolffer concedió la suspensión de plano ordenando a Pemex continuar con los pagos.
***
