La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que marinos y personal de aduanas vinculados a la organización denominada Los Primos llevaban un estilo de vida de lujo que no correspondía con sus ingresos oficiales. El caso involucra a altos mandos de la Secretaría de Marina y personal de aduanas entre 2018 y 2025, quienes habrían adquirido propiedades, vehículos de lujo, pólizas millonarias y gastado grandes sumas en apuestas. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una indagatoria que apunta a posibles delitos de corrupción, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El seguimiento financiero permitió constatar que, a través de apuestas, compra de bienes y manejo de efectivo, los involucrados obtenían recursos sin sustento en su nómina. La UIF documentó pólizas de seguro de vida superiores a los 10 millones de pesos, pagos en apuestas por hasta 52 millones y adquisiciones de propiedades y vehículos de alto valor.
La vida de lujo detectada por la UIF
El capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz adquirió una joyería en 2025 por más de 400 mil pesos y gastó más de 6 millones en tarjetas de crédito entre 2018 y 2025. Entre 2015 y 2023, casas de apuestas reportaron 400 operaciones vinculadas a Solano, sumando más de 52 millones de pesos en pagos, casi en su totalidad en efectivo. Además, se le relaciona con una red de tráfico de fentanilo.
Por su parte, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, compró a su esposa un inmueble valuado en más de 5 millones de pesos. La UIF señaló alertas por la simulación de operaciones y el uso recurrente de efectivo. Entre 2019 y 2023 manejó grandes cantidades sin origen comprobable.

La investigación también detecta que Manuel Roberto podría formar parte de una red de servidores públicos y civiles implicados en corrupción, defraudación fiscal y operaciones ilícitas.
Su hermano, el contralmirante Fernando Farías, reportó ingresos por nómina de un millón 765 mil pesos, pero sus comprobantes fiscales sumaron más de 17 millones de pesos entre 2020 y 2024. En ese periodo gastó 5 millones más de lo que percibió oficialmente. Además, aportó 11 millones de pesos a una póliza de vida y participó en la compraventa de un inmueble valuado en 4.5 millones.
Otros marinos bajo investigación
El capitán Climaco Aldape Utrera, señalado como enlace entre titulares de aduanas y gestor de cambios de personal, tuvo ingresos por casi 8 millones de pesos de 2020 a 2024. En 2022 adquirió una camioneta Suburban Premier por 1.8 millones. En 2023 recibió depósitos inusuales de particulares y empresas, operaciones consideradas vulnerables por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Asimismo, Humberto Enrique López Arellano, exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas, recibió 13 millones 675 mil pesos de la Secretaría de Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) entre 2020 y 2024. No obstante, realizó compras en efectivo de divisas, enajenó acciones por más de 9 millones y adquirió un vehículo BMW en 2023 con pagos que levantaron alertas por el uso de efectivo.

El avance de la investigación
La carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024 de la FGR reúne estas operaciones financieras y patrimoniales. Según los reportes de la UIF, los ingresos declarados por los marinos y funcionarios son inconsistentes con el nivel de vida que llevaron en los últimos años, lo que apunta a posibles operaciones de procedencia ilícita.
La indagatoria confirma que las operaciones se realizaban principalmente en el ámbito de las aduanas mexicanas, donde Los Primos habrían tejido una red que movía recursos millonarios. Entre apuestas, pólizas de vida, vehículos de lujo y propiedades, los indicios señalan que los involucrados operaban con flujos de dinero que superaban con creces lo percibido en nómina.

La investigación continúa y, de acuerdo con la FGR, se busca esclarecer la ruta del dinero para determinar responsabilidades penales y administrativas en lo que se perfila como uno de los casos más relevantes de huachicol fiscal en los últimos años.





