La Administración del presidente Donald Trump anunció este miércoles la retirada de 700 agentes federales desplegados en Minnesota, como resultado del mayor apoyo de autoridades locales en las operaciones migratorias, tras semanas de protestas, tensiones políticas y un operativo federal que comenzó en diciembre y estuvo marcado por el uso de fuerza en Minneapolis y St. Paul.
El anuncio fue realizado por Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, durante una rueda de prensa en la que explicó que la decisión responde a un entorno que calificó como más seguro, derivado de una colaboración inédita entre agencias federales y autoridades locales en el estado.
“Dada esta creciente colaboración sin precedentes, y como resultado de la menor necesidad de agentes de seguridad pública para realizar este trabajo y de un entorno más seguro, anuncio que, con efecto inmediato, retiraremos a 700 agentes a partir de hoy”, declaró Homan.
De acuerdo con el funcionario, cerca de 3,000 agentes federales habían sido desplegados en Minnesota como parte de la ofensiva migratoria impulsada por el Gobierno federal. Homan señaló que las operaciones continuarán en Minneapolis y que la permanencia o salida del resto del personal dependerá del grado de cooperación de las autoridades locales.
“Esto representa una aplicación de la ley más inteligente, no menos rigurosa”, afirmó Homan, quien también subrayó que los agentes se enfocarán en operativos más específicos, priorizando el arresto de personas que representen una amenaza para la seguridad pública.
Homan asumió el control de las operaciones en las Ciudades Gemelas de Minnesota después de la muerte de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renne Good, quienes fueron abatidos por agentes federales, hechos que detonaron protestas en distintas partes del país.
El presidente Donald Trump, quien inicialmente respaldó la versión del Departamento de Seguridad Nacional que responsabilizaba a las víctimas, se vio obligado a modificar la estrategia del Gobierno federal para reducir la tensión social. Como parte de ese cambio, Trump relevó a Gregory Bovino, entonces jefe de la Patrulla Fronteriza y defensor de los métodos más agresivos, y designó a Homan al frente del operativo.
Al llegar a Minneapolis, Homan anunció una desescalada de las acciones federales, alejándose de las redadas constantes en calles y espacios públicos.
Como alternativa, instó a las cárceles locales a notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre reclusos que pudieran ser deportados, argumentando que este mecanismo es más seguro y reduce la necesidad de que los agentes busquen a personas indocumentadas en la vía pública.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, han mantenido enfrentamientos públicos con la Administración Trump, tanto por los asesinatos de Pretti y Good como por lo que consideran un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.
La Casa Blanca ha responsabilizado históricamente a las denominadas ciudades santuario —aquellas que limitan la cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional— de obstaculizar las detenciones de migrantes. Minnesota ha sido señalada como uno de esos focos de resistencia institucional.
Además de la oposición política, los agentes federales enfrentaron un rechazo social significativo. La población se organizó para apoyar a los migrantes y documentar las actuaciones de los agentes. En los casos de Good y Pretti, los videos grabados por testigos resultaron clave para cuestionar la versión oficial que sostenía que los agentes dispararon en defensa propia.
Homan informó que 158 personas fueron arrestadas durante las protestas en Minneapolis. “Advertí que si la retórica de odio no cesaba, habría derramamiento de sangre”, dijo. “Y así fue”.
El funcionario defendió el despliegue del ICE en Minnesota y aseguró que los resultados justifican la operación. “Sí, acabo de mencionar a varias personas que sacamos de las calles de las Ciudades Gemelas, así que creo que es muy efectiva en lo que respecta a la seguridad pública”, señaló.
No obstante, reconoció fallas en la ejecución del operativo. “¿Fue una operación perfecta? No. Creamos una cadena de mando unificada para asegurarnos de que todos estuvieran coordinados y de que se cumplieran las normas. No creo que nadie, intencionadamente, haya dejado de hacer algo que debía haber hecho”, agregó.
Desde el inicio del despliegue en diciembre, se registraron escenas de agentes rompiendo ventanas de vehículos para realizar detenciones, agresiones físicas a migrantes y el uso de gases lacrimógenos y gas pimienta contra manifestantes. La Administración ha calificado este operativo como la mayor acción migratoria realizada hasta la fecha.
La actuación de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien defendió a los agentes involucrados sin conocer todos los detalles de las muertes, generó que sectores del Partido Demócrata exigieran su dimisión.
Además, este miércoles se presentó una demanda contra el Gobierno de Trump por parte de una coalición de distritos escolares y maestros de Minnesota. La acción legal, dirigida también contra Noem, Bovino y Homan, busca impedir que agentes migratorios realicen operativos en centros educativos.
Los demandantes argumentan que las redadas han alterado el sistema educativo, puesto en riesgo a estudiantes y provocado ausentismo escolar. Solicitan que las escuelas vuelvan a ser consideradas lugares sensibles, junto con hospitales y centros de culto, una protección que la Administración Trump eliminó.
El operativo federal también influyó en las negociaciones presupuestales en el Congreso. Legisladores demócratas forzaron la exclusión del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para aprobar los fondos del resto de las agencias federales.
El presupuesto del DHS, del cual depende el ICE, fue aprobado solo por dos semanas, hasta el 14 de febrero. Los demócratas exigen modificaciones, como la identificación visible de los agentes y la existencia de órdenes judiciales para respaldar las detenciones.
Los legisladores cuentan con un plazo de 10 días para alcanzar un acuerdo y evitar un cierre parcial del DHS.
