El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que, a partir del 1 de febrero próximo, negará fondos federales a cualquier estado que albergue gobiernos locales que se resistan a las políticas de inmigración de su administración, ampliando así amenazas previas de cortar recursos a las llamadas ciudades santuario. El anuncio, hecho al final de un discurso en el Club Económico de Detroit sin ofrecer detalles específicos, podría tener impactos de gran alcance en todo el país.
“A partir del 1 de febrero, no haremos ningún pago a ciudades santuario o estados que tengan ciudades santuario, porque hacen todo lo posible para proteger a los criminales a expensas de los ciudadanos estadunidenses, y eso genera fraude y crimen y todos los otros problemas que vienen”, dijo Trump. “Así que no haremos ningún pago a nadie que apoye a las ciudades santuario”. De regreso en Washington, y cuestionado por reporteros sobre qué tipo de financiamiento se vería afectado, el presidente se limitó a responder: “Ya lo verán. Será significativo”.
No existe una definición legal estricta para “ciudad santuario”, pero el término generalmente describe a aquellas jurisdicciones –municipios, condados o estados– que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración, particularmente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un esfuerzo por reducir el miedo a la deportación entre las comunidades de inmigrantes indocumentados.
Esta nueva amenanza se produce después de que dos intentos previos de la administración Trump de retener fondos a jurisdicciones santuario fueran bloqueados por los tribunales federales. En una orden ejecutiva del año pasado, el presidente ordenó a los funcionarios federales retener dinero de estas jurisdicciones. Sin embargo, un juez federal con sede en California la anuló, argumentando los abogados del gobierno en ese momento que era demasiado pronto para detener el plan cuando no se había tomado ninguna acción concreta. Anteriormente, en 2017, los tribunales también anularon un intento similar de cortar fondos específicos.
Los detalles sobre qué fondos podrían ser retenidos y bajo qué autoridad legal permanecen sin especificar. El Departamento de Justicia publicó el año pasado una lista de tres docenas de estados, ciudades y condados que considera jurisdicciones santuario.
La lista está compuesta abrumadoramente por lugares donde los gobiernos son de filiación demócrata, incluidos los estados de California, Connecticut y Nueva York, ciudades como Boston y Nueva York, y condados como Baltimore, Maryland y Cook, en Illinois. Esa lista reemplazó una anterior, más larga, que fue recibida con resistencia por parte de funcionarios que alegaron que no estaba claro por qué sus jurisdicciones estaban incluidas.
Paralelamente, el gobierno federal ha intensificado recientemente el uso de presión financiera contra jurisdicciones específicas, aunque estas acciones ya enfrentan impugnaciones legales. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha advertido a los estados que se han negado a proporcionar ciertos datos sobre beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que se les descontarán fondos administrativos, aunque el dinero aún no ha sido retenido.
Asimismo, el Departamento de Salud y Servicios Sociales federal dijo la semana pasada que retendría dinero para subsidios de guarderías y otras ayudas a familias de bajos ingresos en cinco estados con gobiernos demócratas, debido a sospechas no especificadas sobre fraude. Un tribunal suspendió de inmediato tal medida.
Minnesota ha sido otro objetivo de esta estrategia. A un estado donde la administración ha enviado una oleada de agentes federales para operaciones de inmigración, el Departamento de Agricultura ha dicho que congelará fondos, sin dar muchos detalles.
Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid informaron la semana pasada a Minnesota que tienen la intención de retener 515 millones de dólares cada tres meses de 14 programas de Medicaid, considerados “de alto riesgo” tras rechazar un plan de acción correctiva exigido por acusaciones de fraude. Esta cantidad equivale a una cuarta parte del dinero federal para esos programas. Funcionarios estatales dijeron el martes que apelarían la decisión.
La amenaza más amplia anunciada en Detroit representa una escalada significativa al extender la retención potencial de fondos a todo un estado que contenga una ciudad o condado con políticas de santuario, independientemente de la postura del gobierno estatal.
Expertos legales anticipan que, de materializarse, esta medida generaría una oleada inmediata de demandas, basándose en los precedentes judiciales que ya han frenado acciones similares. La constitucionalidad de condicionar la entrega de fondos federales al cumplimiento de políticas de inmigración específicas por parte de las jurisdicciones locales sigue siendo un campo de batalla legal no resuelto.
La declaración del presidente deja en el aire preguntas críticas sobre el alcance y el mecanismo de la orden, detalles que, según sus palabras, se conocerán próximamente. Mientras tanto, gobiernos estatales y municipales en la lista del Departamento de Justicia se preparan para una nueva confrontación legal y administrativa con la administración federal.
