La administración del presidente Donald Trump se dispone a negar visas a solicitantes con sobrepeso o edad avanzada, así como a quienes tengan algún tipo de padecimiento crónico, según un memorándum interno del Departamento de Estado dirigido a sus embajadas y consulados. La medida, conocida esta semana, tiene como objetivo identificar a personas que “podrían convertirse en una carga pública” para el sistema de salud público estadounidense. La directiva amplía significativamente los criterios de inadmisibilidad basados en la salud, que hasta ahora se centraban principalmente en enfermedades contagiosas.
La comunicación, a la que tuvo acceso la Fundación Familiar Kaiser, pide a los funcionarios de visas que “consideren inelegibles para ingresar a los Estados Unidos a los solicitantes por varias razones nuevas, entre ellas la edad o la probabilidad de que dependan de asistencia social”. El documento argumenta que esas personas “podrían convertirse en una carga pública debido a sus problemas de salud o edad”.
El memorándum instruye a los oficiales consulares a evaluar minuciosamente el historial médico de los aspirantes. “Debe tenerse en cuenta la salud del solicitante. Ciertas afecciones médicas, incluidas cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, neurológicas, y trastornos de salud mental, entre otras, pueden requerir atención médica por valor de cientos de miles de dólares”, detalla el cable diplomático.
Uno de los aspectos más destacados de la nueva política es la consideración específica del peso del solicitante. El documento pide que los funcionarios consideren la obesidad y el sobrepeso como indicios de otros padecimientos, algunos de ellos crónicos. “Todas estas afecciones pueden requerir cuidados costosos y prolongados”, advirtió el memorándum, enfatizando el potencial gasto médico que podrían generar estos casos.
Hasta ahora, los funcionarios de visas en las sedes diplomáticas se limitaban a exigir a los solicitantes información sobre enfermedades contagiosas y registros de vacunas, como parte de los controles de inmigración rutinarios. Los nuevos requisitos representan una expansión sustancial de estos criterios, incorporando condiciones no transmisibles pero potencialmente costosas.
La Fundación Familiar Kaiser, que dio a conocer el contenido del memorándum, opinó que esta “directiva forma parte de la campaña divisiva y agresiva del gobierno de Trump para deportar a los inmigrantes que viven en Estados Unidos y disuadir a otros de abandonar el país”. Esta evaluación señala una línea más dura en la política migratoria del actual gobierno, alineándose con otros esfuerzos para restringir el acceso a la residencia y ciudadanía.
La implementación de estas guías podría afectar a un número significativo de solicitantes de visas de todo el mundo, incluyendo aquellas para trabajo, estudio y residencia permanente. La medida coloca la salud y las características físicas como factores determinantes en la elegibilidad para ingresar a los Estados Unidos, más allá de las consideraciones tradicionales de seguridad nacional o riesgo de contagio.
El memorándum no especifica umbrales exactos de índice de masa corporal (IMC) o edades concretas que automáticamente descalifiquen a un solicitante, sino que otorga margen de discreción a los oficiales consulares para evaluar cada caso individual. Sin embargo, la instrucción clara es considerar estas condiciones como un factor negativo sustancial en la evaluación global.
La directiva se enmarca en los esfuerzos más amplios de la administración Trump por aplicar el concepto de “carga pública” de manera más estricta. Bajo las regulaciones actuales, se puede denegar la residencia permanente a los inmigrantes que se considera podrían depender de ayudas gubernamentales. Esta nueva guía extiende ese principio a los solicitantes de visa antes de su entrada al país, utilizando proyecciones sobre su posible uso futuro de servicios médicos.
La comunicación interna no detalla el proceso de apelación para los solicitantes que sean rechazados bajo estos nuevos criterios médicos, ni aclara si existirán excepciones para casos particulares. Tampoco especifica si las condiciones preexistentes que ya están siendo tratadas y controladas serán evaluadas de la misma manera que los diagnósticos nuevos o no gestionados.
La política podría tener un impacto particular en solicitantes de países con sistemas de salud pública menos robustos, donde las condiciones crónicas pueden no haber sido diagnosticadas o tratadas adecuadamente. Asimismo, plantea cuestiones sobre la estandarización de las evaluaciones médicas en los distintos consulados y embajadas alrededor del mundo.
La revelación de este memorándum anticipa un cambio significativo en la práctica consular estadounidense, con consecuencias potenciales para miles de aspirantes a visitar, trabajar o estudiar en los Estados Unidos. La medida redefine los parámetros de lo que se considera un riesgo aceptable para el sistema de salud pública en el contexto de la política de inmigración.
