El presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para iniciar el uso de fuerza militar contra cárteles latinoamericanos considerados organizaciones terroristas por su administración, informaron personas familiarizadas con el asunto. La medida, ejecutada tras su regreso a la presidencia en enero, busca frenar el flujo de drogas ilegales, especialmente el fentanilo, hacia Estados Unidos. Oficiales del Departamento de Defensa ya trabajan en opciones operativas, mientras surgen preocupaciones legales y diplomáticas sobre posibles acciones unilaterales.
Esta decisión representa la medida más agresiva de la actual administración en su campaña contra el narcotráfico. La orden establece una base formal para que el ejército estadounidense lleve a cabo operaciones militares directas en el mar y, potencialmente, en territorio extranjero. El objetivo declarado es combatir a grupos narcotraficantes considerados ahora terroristas, como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles de Venezuela.
Hasta el momento, el Departamento de Defensa ha evitado hacer comentarios públicos, mientras se desarrollan deliberaciones internas sobre cómo implementar la orden presidencial. La medida se produce en un contexto en el que Trump ya ha desplegado a la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera suroeste, aumentando la vigilancia y las acciones de interdicción.
Implicaciones legales y constitucionales en debate
El uso del ejército contra cárteles fuera del territorio estadounidense presenta desafíos legales significativos. Expertos y exfuncionarios señalan que operar fuera del marco de un conflicto armado autorizado por el Congreso podría violar leyes estadounidenses contra el asesinato y normas internacionales. No se ha confirmado si la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada sobre la legalidad de esta directiva.
La Ley Posse Comitatus, que limita el uso de las fuerzas armadas en tareas policiales dentro del país, y las reglas internacionales que rigen el uso de la fuerza en territorio extranjero sin consentimiento, son factores clave en el análisis legal. La administración ha minimizado el rol de asesores legales tradicionales, incluyendo la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, aumentando la incertidumbre legal.
Trump firmó en enero una orden para que el Departamento de Estado comenzara a clasificar a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Esta medida busca justificar una respuesta más agresiva y ampliar las herramientas legales y militares para combatir el narcotráfico. En febrero, se oficializó la inclusión del Tren de Aragua y MS-13 en la lista. Días después, se sumó el Cártel de los Soles, liderado según el gobierno estadounidense por Nicolás Maduro y altos funcionarios venezolanos.
El Departamento del Tesoro acusó a dicho cártel de brindar apoyo a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, señalando que estas alianzas representan una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. A raíz de estas acusaciones, se duplicó la recompensa ofrecida por información que conduzca al arresto de Maduro, elevándola a 50 millones de dólares.
Precedentes y tensiones diplomáticas
El uso de las fuerzas armadas estadounidenses en operaciones antinarcóticos en el extranjero tiene antecedentes limitados. En 1989, el presidente George H. W. Bush ordenó la intervención militar en Panamá para arrestar a Manuel Noriega. Aunque legalmente controvertida, esa acción fue ejecutada bajo la premisa de enfrentar una amenaza directa.
A diferencia de intervenciones anteriores, la directiva actual podría implicar el uso directo de fuerza letal contra personas involucradas en el narcotráfico, lo que genera preocupaciones sobre su legalidad. Especialistas en derecho internacional como el contralmirante retirado James E. McPherson y el abogado Brian Finucane advierten que las acciones militares directas sin el consentimiento del país afectado podrían constituir una violación del derecho internacional.
La CIA ha intensificado vuelos encubiertos con drones sobre territorio mexicano para identificar laboratorios de fentanilo. Aunque estos drones no están autorizados para ejecutar ataques, la información recopilada se transmite a autoridades mexicanas. El Comando Norte del ejército ha realizado alrededor de 330 vuelos de vigilancia sobre la frontera con México utilizando diversos tipos de aeronaves.
No obstante, no se ha permitido la entrada de aviones militares estadounidenses en espacio aéreo mexicano. En abril, Trump propuso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que autorizara operaciones militares conjuntas contra cárteles en su territorio. La propuesta fue rechazada por la mandataria.
Nueva estrategia militar y margen legal reducido
Según funcionarios estadounidenses, el objetivo sería capturar o eliminar a presuntos integrantes de cárteles designados como terroristas. Esta estrategia representa un cambio respecto a operaciones anteriores de apoyo logístico o entrenamiento. Sin embargo, surgen dudas sobre las reglas de combate aplicables y la legalidad de realizar asesinatos selectivos fuera de un contexto de guerra.
Alternativamente, las fuerzas armadas podrían realizar capturas para ser entregadas al Departamento de Justicia, pero esto implicaría otros retos jurídicos, como la detención sin autorización legislativa o el posible uso indebido de la figura del “combatiente enemigo”.
La administración ha destituido recientemente a varios asesores jurídicos militares clave, incluyendo fiscales generales de las fuerzas armadas, lo que podría dificultar la supervisión legal de estas operaciones. Los nuevos nombramientos en el Pentágono y la Oficina de Asesoría Legal enfrentarán como prueba inicial la interpretación legal de esta directiva.
Una política exterior marcada por el combate a los cárteles
Durante su campaña, Trump prometió declarar la guerra a los cárteles y desplegar fuerzas especiales y navales contra ellos. La directiva firmada en secreto representa el inicio de ese compromiso. La retórica oficial refuerza esta postura: la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró que proteger la patria es la máxima prioridad del presidente y por ello se ha actuado contra organizaciones que, según su gobierno, trascienden el crimen organizado convencional.
La presión para etiquetar como terroristas a grupos delictivos se ha extendido también a pandillas haitianas y otros cárteles con base en México. Legisladores como Marco Rubio han respaldado estas medidas, afirmando que se requiere una respuesta militar para enfrentar la magnitud de la amenaza.
