El gobierno de Donald Trump autorizó secretamente a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, informaron funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato. La medida representa una escalada en la campaña de presión contra el presidente Nicolás Maduro, y busca reforzar los esfuerzos del gobierno estadounidense por provocar su salida del poder.
La autorización presidencial permite a la CIA realizar operaciones letales y de sabotaje en territorio venezolano y en otras zonas del Caribe. De acuerdo con las fuentes, esta decisión amplía el alcance de la agencia, que hasta ahora tenía permitido colaborar con gobiernos latinoamericanos en materia de seguridad e intercambio de inteligencia, pero no ejecutar acciones directas.
La aprobación del nuevo mandato ocurre en un contexto de refuerzo militar estadounidense en el Caribe, donde actualmente operan unos 10 mil soldados, desplegados principalmente en bases en Puerto Rico y en buques de asalto anfibio. La Armada mantiene ocho embarcaciones de guerra de superficie y un submarino en la región.
Durante semanas, el ejército estadounidense ha atacado embarcaciones frente a las costas venezolanas bajo el argumento de combatir el narcotráfico, dejando 27 personas muertas, según las autoridades norteamericanas. Fuentes del Pentágono reconocen que el objetivo final de la estrategia es lograr la salida de Maduro del poder.
El presidente Trump ordenó este mes el fin de las conversaciones diplomáticas con el gobierno de Caracas, frustrado por la negativa de Maduro a renunciar voluntariamente y por la insistencia del mandatario venezolano en negar cualquier participación en el tráfico de drogas.
La estrategia de la administración Trump sobre Venezuela fue diseñada por el secretario de Estado Marco Rubio y por John Ratcliffe, director de la CIA. Ambos delinearon un plan de acción que combina medidas diplomáticas, presiones económicas, despliegues militares y ahora, operaciones encubiertas.
Durante su audiencia de confirmación, Ratcliffe prometió transformar la CIA en una agencia “menos reacia al riesgo y más dispuesta a realizar acciones encubiertas cuando el presidente lo ordene”, señalando que su misión sería “ir a lugares donde nadie más puede ir y hacer cosas que nadie más puede hacer”.
Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni la CIA han emitido comentarios oficiales sobre la existencia de estas autorizaciones.
Como parte de su ofensiva, Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de Nicolás Maduro, a quien acusa de narcotráfico y terrorismo. El gobierno estadounidense sostiene que el mandatario venezolano controla la organización criminal conocida como el Tren de Aragua, aunque informes de inteligencia interna contradicen esa afirmación.
El propio Rubio, quien funge como asesor de seguridad nacional de Trump, ha calificado a Maduro de “ilegítimo” y “narcoterrorista”, reforzando el discurso oficial que busca justificar una intervención más agresiva.
La administración Trump también sostiene en documentos legales que Venezuela es un importante productor de drogas que abastece al mercado estadounidense. Sin embargo, analistas de inteligencia consultados por el Congreso han cuestionado esa premisa, señalando que la mayoría de los flujos de cocaína provienen de Colombia.
El fundamento jurídico de la operación proviene de un hallazgo presidencial secreto, un mecanismo que autoriza acciones encubiertas sin aprobación pública del Congreso. Solo un reducido grupo de legisladores es informado de su existencia, y no puede divulgar su contenido ni supervisar plenamente las actividades derivadas.
En su informe más reciente al Congreso, la administración Trump declaró que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado con los cárteles de la droga, a los que considera “grupos armados no estatales” cuyas acciones “constituyen un ataque armado contra Estados Unidos”.
Esta definición amplia permite al Ejecutivo autorizar operaciones militares o encubiertas fuera del territorio nacional, siempre que estén vinculadas a la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo.
La autorización a la CIA se enmarca en una larga historia de operaciones encubiertas estadounidenses en América Latina. Desde 1954, la agencia ha intervenido en múltiples países del continente, con resultados que marcaron la política regional durante décadas.
Entre los casos más notorios figuran el golpe de Estado en Guatemala que derrocó a Jacobo Árbenz, la invasión fallida de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961 y los intentos de asesinato contra Fidel Castro. También participó en el derrocamiento del presidente João Goulart en Brasil (1964), la captura del Che Guevara en Bolivia (1967) y el golpe militar en Chile en 1973.
Durante la década de 1980, la agencia apoyó la contrarrevolución nicaragüense contra el gobierno sandinista, en una de las operaciones más polémicas de su historia.
Antes de esta nueva autorización, la CIA ya había ampliado su papel en la lucha antinarcóticos en la región. Bajo la dirección de Gina Haspel, durante el primer gobierno de Trump, la agencia reforzó la cooperación con México para rastrear cárteles y laboratorios clandestinos. Posteriormente, con William J. Burns, en la administración Biden, la agencia utilizó drones para identificar centros de producción de fentanilo en territorio mexicano.
El nuevo hallazgo presidencial es, según funcionarios de inteligencia, una “evolución natural” de esos esfuerzos. Sin embargo, la ampliación de facultades para operaciones letales marca un cambio significativo en la política de seguridad regional de Estados Unidos.
El aumento de la presencia militar estadounidense y la autorización de operaciones encubiertas en Venezuela podrían tensar aún más las relaciones con América Latina, en particular con países que han mostrado respaldo al gobierno de Maduro. Además, expertos en seguridad advierten que este tipo de misiones suelen tener efectos imprevisibles en la estabilidad interna de los países donde se ejecutan.
Aunque la CIA rara vez reconoce sus operaciones, algunas acciones encubiertas se han hecho públicas rápidamente, como la misión en la que los Navy SEALs abatieron a Osama bin Laden en 2011, bajo coordinación de la agencia.
En este caso, se desconoce si la CIA ya ha desplegado personal en Venezuela o si las nuevas autorizaciones forman parte de una estrategia de contingencia. No obstante, funcionarios familiarizados con el tema confirmaron que la autorización presidencial permanece activa y que la agencia tiene libertad para operar en la región bajo supervisión directa del Consejo de Seguridad Nacional.
