Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzaron un paro de labores este 31 de octubre en protesta al presunto despido injustificado de más de cinco mil trabajadores de base y de confianza tras la llegada de nuevos juzgadores en septiembre pasado. El Sindicato de Renovación del Poder Judicial, que mantiene más de 22 mil agremiados a lo largo del país, organizó este paro a causa de la falta de insumos básicos como agua, papel e impresoras, elementos esenciales en su labor jurisdiccional diaria, y reclaman que el Órgano de Administración Judicial no los ha recibido para dialogar sobre estas problemáticas.
Patricia Caballero, secretaria de finanzas del Sindicato, explicó la crítica situación de los insumos: “Regularmente los órganos jurisdiccionales llegan a tener alrededor de diez impresoras. Los órganos al día de hoy están sobreviviendo con una impresora por órgano jurisdiccional y en mal estado. No tenemos hojas de papel, que es para nosotros una herramienta indispensable”. Los trabajadores, compuestos por empleados de mantenimiento, chóferes, secretarios, actuarios y oficiales, también exigen que el Órgano de Administración Judicial fije una fecha para el incremento salarial del próximo año.
La vocera sindical advirtió sobre la posible extensión de las protestas: “Si continuamos sin respuesta por parte del Órgano de Administración Judicial, esta protesta puede prolongarse a las siguientes semanas y los siguientes días, hasta que no tengamos respuesta”. Hasta las 9:00 de la mañana de este 31 de octubre, al menos 14 entidades federativas se han sumado al cierre de oficinas y juzgados, incluyendo Monterrey en Nuevo León, Tabasco, Chilpancingo en Guerrero, Cuernavaca en Morelos, Pachuca en Hidalgo, Tijuana en Baja California, Guanajuato y Morelia en Michoacán.
En otras entidades como Tamaulipas, Veracruz, Aguascalientes y Nayarit, los trabajadores realizaron huelga de brazos caídos y no se presentaron a trabajar. En la Ciudad de México, se cerraron los edificios de San Lázaro, Periférico 1950, Periférico 2321, Revolución 1508 OAJ, y Prisma, afectando significativamente la operación judicial en la capital del país. Los trabajadores también manifestaron su preocupación por el recorte presupuestal previsto para el Poder Judicial anunciado por el diputado Ricardo Monreal, que ascendería a 18 millones de pesos.
Sin embargo, el paro no cuenta con el respaldo del sindicato del Poder Judicial mayoritario, cuyo líder llamó a todos los trabajadores a no hacer caso a este tipo de movimientos, mostrando una división dentro de las organizaciones laborales del poder judicial. Esta falta de unidad sindical podría afectar la efectividad de la protesta y la capacidad de negociación de los trabajadores con las autoridades judiciales.
Por su parte, el Órgano de Administración Judicial emitió un comunicado oficial reconociendo que “hoy un grupo de personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación decidieron cerrar 16 inmuebles en distintas ciudades del país, que representan aproximadamente el 5.3% de la totalidad de edificios”. La institución destacó que “los trabajos en órganos jurisdiccionales y oficinas administrativas continuaron en el 95% de las sedes en el país”, minimizando el impacto operativo del paro laboral.
El comunicado oficial añadió que “las personas trabajadoras fueron recibidas y atendidas por distintas autoridades del Órgano de Administración Judicial, llegando al acuerdo de reabrir inmediatamente los edificios donde mantenían sus protestas”. Finalmente, el Pleno del Órgano de Administración Judicial refrendó “su firme compromiso por mantener sin interrupciones las labores judiciales en diálogo permanente con su base trabajadora, en beneficio del Pueblo de México”, estableciendo la postura oficial de la institución frente al conflicto laboral.
La protesta de los trabajadores judiciales ocurre en un contexto de cambios significativos dentro del Poder Judicial Federal tras la llegada de nuevos juzgadores en septiembre, que ha generado incertidumbre laboral entre el personal de base y de confianza. La falta de insumos básicos para realizar las labores jurisdiccionales fundamentales representa un desafío adicional para la operación eficiente del sistema de justicia federal en México, potencialmente afectando los tiempos de resolución de casos y la calidad del servicio judicial que reciben los ciudadanos.
