En la última semana de vigencia del actual Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la creación de la Unidad Especializada del Procedimiento Especial Sancionador (UEPES), que permitirá a la Sala Superior resolver sanciones relacionadas con violencia política de género o campañas electorales de manera exprés y definitiva en un plazo máximo de 72 horas, sin posibilidad de impugnación o revisión posterior.
Esta nueva unidad elimina la primera instancia a la que anteriormente tenían derecho ciudadanos, aspirantes a candidaturas, partidos políticos, ministros de culto, sindicatos y funcionarios públicos para revertir una sentencia y solicitar un nuevo análisis. La decisión se tomó durante una reunión privada de la Sala Superior, donde las magistradas Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón manifestaron su desacuerdo por considerar el acuerdo incongruente, vago e impreciso.
La reforma judicial establece que los Procedimientos Especiales Sancionadores deben resolverse de manera exprés, dando al Instituto Nacional Electoral un plazo de 24 horas para que su Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral resuelva si admite o desecha la denuncia. Una vez cumplido este plazo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolverá sobre las medidas cautelares solicitadas, información que se enviará a la Sala Superior para su resolución definitiva en 72 horas.
El acuerdo prevé que para cumplir con estos plazos, el INE deberá informar de manera inmediata a la Sala Superior desde que reciba las denuncias, manteniendo absoluta coordinación a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias (SIQyD). El informe que envíe el INE al TEPJF deberá incluir el nombre del quejoso o denunciante, copia digital del escrito inicial, medidas cautelares solicitadas, así como lugar, fecha y hora de recepción.
La UEPES tendrá como funciones llevar el control de las quejas y denuncias en materia de Procedimientos Especiales Sancionadores que se presenten en el INE, tanto en el órgano central como en los 32 órganos desconcentrados locales y 300 distritales; monitorear permanentemente el estado procesal de estas quejas; mantener comunicación constante con el personal de las ponencias para informar las actuaciones del INE; y realizar la asignación preliminar a las magistraturas de la Sala Superior.
Los equipos de las ponencias que estudien estos juicios deberán tener comunicación constante con el INE respecto del avance procesal, proponiendo cuando proceda la realización de diligencias específicas. Sin embargo, los magistrados disidentes alertaron que estos requerimientos de documentación van en contra de la ley que solo permite comunicación entre magistraturas y presidencia del TEPJF, y que la facultad de proponer diligencias invade la etapa de instrucción a cargo del INE.
La Sala Superior estableció excepciones para casos complejos en los que 72 horas no basten para resolver un asunto, previendo que “en caso de que concluyan que faltan diligencias por desahogar o mayores investigaciones, se propondrá el turno como Asunto General para proponer al pleno de la Sala Superior que ordenen mayores diligencias”. La UEPES comenzará a funcionar el próximo 1 de septiembre cuando se extinga por completo la Sala Especializada, aunque desde mayo pasado la mayoría de su personal ya labora en instalaciones de la Sala Superior.
Los asuntos pendientes de la Sala Especializada que no se resuelvan en la última sesión pública de esta semana deberán turnarse de manera íntegra a la UEPES para que asuma los proyectos una de las magistraturas de la Sala Superior, marcando el inicio de un nuevo modelo de justicia electoral exprés en México.
