A poco más de un año del recrudecimiento de la violencia en Sinaloa, los hospitales del estado también se han convertido en escenarios donde el miedo está presente. De acuerdo con cifras oficiales, en este lapso se han registrado al menos seis ataques en unidades médicas, incluido el Hospital General de Culiacán, inaugurado en 2024 como símbolo de modernidad y que en pocos meses se transformó en foco de riesgo.
La presión social y las exigencias del sector médico llevaron al gobierno estatal a diseñar un protocolo integral de seguridad hospitalaria. El plan fue elaborado de manera conjunta por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y directores de hospitales. Su objetivo es blindar las unidades médicas sin que estas pierdan su esencia como espacios de atención y confianza.
Protocolo de seguridad: medidas principales
Entre las acciones implementadas destacan:
- Credencialización biométrica. Más de 1,700 trabajadores del Hospital General de Culiacán están siendo registrados con credenciales con chip y holograma para garantizar que solo el personal autorizado acceda a áreas sensibles.
- Cámaras y Código Plata. Se instalarán cámaras de videovigilancia internas y externas con monitoreo 24 horas, vinculadas al Código Plata, protocolo diseñado para responder a emergencias violentas dentro de hospitales.
- Controles de acceso. Lectores biométricos restringirán el ingreso a salas donde se atiende a pacientes con heridas de arma de fuego o considerados de riesgo.
- Visitas supervisadas. Las visitas a pacientes baleados o bajo custodia judicial deberán realizarse en compañía de personal de seguridad.
- Guardia Nacional en perímetro. Se mantiene presencia permanente de la Guardia Nacional en el exterior de los hospitales, con el propósito de no militarizar la atención clínica.
- Traslados inmediatos a penales. Los pacientes de “alta peligrosidad” son estabilizados en hospitales y enviados a centros penitenciarios para continuar su recuperación. Si requieren cirugías adicionales, regresan bajo custodia y son trasladados nuevamente tras los procedimientos.
El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, explicó que el objetivo es disminuir riesgos y generar un entorno más seguro para el personal médico. “El paciente de alta peligrosidad se estabiliza y se traslada al Centro Penitenciario. Si requiere otra cirugía, se le trae de vuelta de forma controlada. El objetivo es que los trabajadores se sientan más tranquilos”, señaló.
El funcionario recalcó que el reto principal es mantener el equilibrio entre seguridad y confianza: “Guardia Nacional está en el perímetro, no adentro”, enfatizó, para subrayar que los hospitales no se convertirán en cuarteles.
Violencia en hospitales: casos recientes
El Hospital General de Culiacán, presentado como la unidad médica más moderna del noroeste del país, con quirófanos de alta tecnología y estándares internacionales, se convirtió en escenario de violencia.
Uno de los incidentes más recordados ocurrió el 30 de agosto, cuando un grupo de sicarios disfrazados de médicos ingresó portando batas y cubrebocas para ejecutar a un paciente bajo custodia, herido tras una balacera.
A mediados de septiembre se registró otro hecho grave: una mujer, haciéndose pasar por trabajadora de la salud, intentó inyectar una sustancia a un paciente en recuperación. El hombre pidió auxilio antes de que lograra su cometido, lo que habría evitado un homicidio dentro de la sala. El caso continúa en proceso judicial.
Estos episodios pusieron en riesgo no solo a los pacientes, sino también a médicos, enfermeras, camilleros y familiares presentes en el hospital.
Protestas del personal médico
Ante cada ataque, trabajadores de la salud exigieron garantías mínimas para desempeñar su labor. Enfermeras realizaron protestas afuera de hospitales con pancartas improvisadas. La consigna “¡fuera baleados!” se convirtió en un grito de desesperación y en reflejo del miedo cotidiano de quienes enfrentan la posibilidad de nuevos incidentes violentos en sus centros de trabajo.
Debate sobre derechos humanos
La implementación del protocolo ha generado discusión entre médicos y organismos civiles. Algunos advierten que el blindaje hospitalario podría convertir a las unidades médicas en extensiones del sistema penitenciario. Otros lo consideran la única manera de evitar tragedias mayores.
Organismos de derechos humanos han alertado que las medidas de seguridad no deben obstaculizar el derecho a la salud. El riesgo, señalan, es que filtros excesivos o traslados prolongados retrasen la atención en casos críticos.
Familiares de pacientes reconocen que la presencia de seguridad genera alivio, pero también temor. Una mujer que acompañaba a su hijo lesionado expresó la contradicción de sentirse protegida y, al mismo tiempo, vigilada de manera permanente.
Retos del nuevo protocolo
Los nuevos protocolos representan un paso inédito en la historia hospitalaria de Sinaloa. Sin embargo, el desafío central será recuperar la confianza en estos espacios. Hoy, familiares y pacientes experimentan más miedo que tranquilidad al ingresar a las salas de urgencias.
El reto para las autoridades será mantener hospitales seguros sin que pierdan su esencia como refugios de atención y recuperación, en un contexto donde la violencia criminal ha trastocado lo que antes era considerado un espacio sagrado para la salud.
