Por Arturo Angel
El 70 por ciento de las personas encarceladas en México sin juicio ni sentencia, es decir en prisión preventiva, son personas pobres. Se trata de individuos de bajos o nulos ingresos que, en la mayoría de los casos, no tuvieron los recursos para costear una defensa adecuada.
Y son las mujeres las que han sido blanco, a un ritmo más acelerado, de la aplicación de las prisiones preventivas oficiosas. Más de la mitad de las que están privadas de su libertad no han sido enjuiciadas ni sentenciadas. Son, legal y constitucionalmente, personas inocentes encarceladas.
Los datos anteriores forman parte de una investigación periodística en la que participé en 2022 llamada “Prisión preventiva, el arma que encarcela a pobres e inocentes” publicada por Animal Político e Intersecta, y en la que retratamos los efectos que ha tenido las reformas para incrementar las prisiones preventivas oficiosas (automáticas) a un mayor número de delitos.
El diagnóstico en aquel momento era lapidario. El meter a más y más gente a la cárcel había elevado, naturalmente, el número de personas en prisión, pero no así los índices de impunidad y violencia. Peor aún es que el blanco de esos encarcelamientos ha sido, sobretodo, personas de bajo recursos, acusados de delitos menores como robos o narcomenudeo.
A tres años de distancia la situación no ha hecho más que empeorar. Hoy la cifra de personas encarceladas en México sobrepasa los 250 mil y, de ellos, casi cien mil son personas sin sentencia, en prisiones preventivas, acusados de delitos menores.
Y se suma una agravante reconocida oficialmente; que esas personas de bajos recursos están presas en cárceles donde se delinque un días sí y al otro también. Ni los penales de máxima seguridad del país son suficientes para que los criminales extiendan sus redes de corrupción y continúen ordenando, hacia afuera, extorsiones o secuestros. Así lo reconoció el propio secretario de seguridad en la conferencia donde se justificó la expulsión de 26 delincuentes a Estados Unidos hace unos días.
En 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México por el abusos sistemático en el uso de la prisión preventiva y de su aplicación oficiosa o automática. Y ordenó al Estado mexicano que tomara medidas inmediatas para que cesara su implementación.
Lo lamentable, hasta ahora, es que no ha pasado nada. Era difícil esperar que el Ejecutivo y el Legislativo, que se han coordinado para incrementar los delitos de prisión oficiosa, hicieran justamente lo contrario. Pero del lado del Poder Judicial la inacción es incomprensible.
Desde principios de 2024 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que presidió Noma Piña tuvo en sus manos dos proyectos que proponían rutas para acotar o suprimir los alcances de la prisión oficiosa a la luz de la sentencia internacional. Sin embargo, estos nunca llegaron a discutirse en el pleno. Y si bien es cierto que hubo presiones externas, incluida una petición directa de Palacio Nacional para que el asunto no fuera debatido y se heredara a la nueva conformación del pleno que entró en funciones el primero de septiembre, lo cierto es que los ahora antiguos ministros pudieron haberlo hecho. Pero o no quisieron o no pudieron.
Lo que nos traslada al momento actual. Los proyectos pendientes están ahora en manos de las nueve personas que conforman el nuevo pleno de la Corte presidido por el ministro Hugo Aguilar Ortiz quien, en las últimas semanas, ha repetido una y otra vez que esta nueva corte es una de puertas abiertas, que defenderá al pueblo, y a los más desprotegidos.
Basta recordar que, en su discurso inaugural, Aguilar habló de una justicia con inclusión social, con PERSPECTIVA DE GÉNERO, cercana al PUEBLO. Y de paso se dirigió hacia las cortes internacionales para prometer que México sería un referente de justicia “plural y democrático”.
Bueno, pues nada de lo anterior es compatible con mantener en vigor una medida como la prisión oficiosa. Insistir en hacerlo no solo es un desacato a una sentencia de una corte perteneciente a un sistema interamericano de derechos humanos del que México es parte, sino que además mantendría viva una medida punitiva que no acaba con la impunidad, que no trae justicia, pero que si lastima y flagela sobretodo a los sectores más vulnerables.
La acción (o inacción) que esta “nueva Corte” tome sobre la prisión oficiosa, será un primer hecho manifiesto sobre si la apuesta es realmente por una justifica efectiva que apueste al pueblo. O si, por el contrario, veremos un primer repliegue al oficialismo que muchos advierten.
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