El fin de semana un amigo me preguntó: “sin choros legales, ¿es o no es inocente Vallarta?”. Una duda reveladora de como percibimos “la justicia” en México
Por Arturo Angel
La liberación de Israel Vallarta, quien por casi 20 años estuvo preso sin condena acusado de haber secuestrado a seis personas, ha dividido a la comentocracia, tanto en la arena política como en los medios.
En un extremo están aquellos que han utilizado la liberación de Vallarta para arremeter de nuevo en contra periodistas y exfuncionarios a los que se culpa de haber participado en el montaje de diciembre de 2005, en el que los muchachos de García Luna exhibieron a un golpeado Vallarta y a una confundida Florence Cassez en un supuesto operativo de rescate en vivo, que no lo fue.
En el otro están los que no parecen tener duda alguna de que Vallarta fue un secuestrador y de que la jueza que emitió la sentencia a su favor es una emisaria de la 4T. Sostienen que sacarlo de la cárcel no es más que una estrategia para mover la agenda de otros temas que incomodan al gobierno y, de paso, golpear a sus críticos.
Y en el medio están un puñado de periodistas, especialistas y abogados que con rigor periodístico o técnico según sea el caso, y con contexto, han informado sin sesgos, pero cuyas sus voces están sobrepasadas por la estridencia de los extremos.
Mi preocupación en este caso es la misma que cuando desde Palacio Nacional AMLO exhibía los nombres de jueces cuyas resoluciones no les gustaban, y los acusaba de ser aliados de delincuentes: ¿por qué hay tan poco interés en conocer antes de juzgar – nunca mejor dicho – los argumentos en los que una jueza o juez sostiene su resolución o, en este caso, una sentencia definitiva?.
En todo el mar de verborrea y tinta que ha corrido desde el viernes no he encontrado – y perdonen si aquí omito algún artículo – un análisis que se haya sustentado, primero, en la lectura completa de la sentencia de este caso. Peor aún. Me ha tocado escuchar exageraciones o de plano arteras mentiras como “es que ni hubo juicio”, “no lo declararon inocente, nomás no le probaron los delitos” (¿?), “fue cosa del proceso, pero de que es secuestrador lo es…”
Aclaremos antes de seguir algunas cosas. No es una opinión, son hechos. En México, y toda sociedad democrática que se precie de serlo, toda persona es INOCENTE salvo que en un juicio se demuestre, más allá de toda duda razonable, lo contrario. Nadie es culpable por decreto o porque “yo lo crea”. Por eso a una persona no se le “declara inocente”. Se le declara “culpable o no culpable”. No es una mera cosa de semántica. Se trata del llamado principio de presunción de inocencia que nos beneficia a todos.
Y no menos importante: en el caso de Vallarta SÍ HUBO UN JUICIO. La FGR presentó una averiguación previa con sus conclusiones y pruebas, y después de un periodo que nunca se debió extender por tantos años (en buena medida porque la FGR durante tres sexenios de colores distintos no quiso retroceder un ápice de sus acusaciones pese al cumulo de irregularidades más que manifiestas) la jueza a cargo emitió una sentencia. Lo hizo siguiendo las reglas del antiguo sistema penal, porque de esa fecha datan estos hechos, y donde los juicios se emitían por escrito, no en audiencias orales como ahora. Cierro con esto el paréntesis.
El documento de la sentencia del caso abierto contra Israel Vallarta tiene 425 páginas tamaño oficio. Lo obtuve como lo hacemos los periodistas con documentos que no son públicos: a través de mis fuentes. Sus páginas están repletas de datos personales que no hacen posible su publicación, pero aun cuando se pudiera creo que la principal aportación práctica para la sociedad no es esa.
¿Qué hice en cambio? revisarlo, entenderlo y obtener los argumentos clave para contárselos.
La sentencia definitiva, que corresponde a la causa penal 81/2024 (antes 100/2010), es un documento amplio porque se trata de eso: de un fallo de resolución de un larguísimo y complejo proceso que involucra acusaciones contra Vallarta por seis secuestros, sumado a los cargos de delincuencia organizada y violaciones a la ley de armas de fuego. En la primera parte la jueza recorre los amplios antecedentes de caso, desde las órdenes de aprehensión emitidas, el inicio y reinicio de los procesos, la resolución del caso de Florence Cassez en la Suprema Corte, y los múltiples amparos.
Después viene ya la parte técnica y el fondo. Se desglosan cosas como la competencia para resolver este caso, el objeto de la sentencia que es determinar si los hechos imputados constituyen un delito y son atribuibles a Vallarta. A ello le sigue el amplio desglose de las 292 piezas de prueba entregadas entre oficios, declaraciones, dictámenes, inspecciones, videos. A continuación, sigue la valoración de los derechos involucrados y afectados por las irregularidades en el proceso, para luego pasar a la valoración de fondo de las pruebas, los efectos de las violaciones ocurridas en el proceso y el sentido del fallo.
Como ya se sabe la jueza concluyó que la FGR no logró acreditar los delitos de los que acusó a Vallarta y, por tanto, la sentencia fue absolutoria. ¿Como llegó a esta conclusión? Tras analizar cada uno de los cargos y verificar, prueba por prueba, como es que se intentaron sostener. El resultado se puede resumir en siete grandes causas y razones por las cuales la sentencia concluye que los cargos no se sostienen:
- Una detención ilícita y el montaje mediático
- Una “confesión” obtenida con tortura
- Ruptura de la cadena de custodia y ausencia de peritajes concluyentes
- Reconocimientos de personas y objetos realizados bajo condiciones sugestivas
- Contradicciones y variaciones en testimonios clave
- Inexistencia de nexos objetivos con la supuesta banda
- Pruebas derivadas de cateos sin orden judicial
Cada uno de estos puntos podrían, por si solos, bastar para que un proceso completo se viniera abajo. Pero en conjunto, como lo señala la sentencia, hace prácticamente inviable cualquier otro fallo que no sea absolutorio.
El análisis de la jueza Vieyra desnuda fallas y huecos en la investigación de la FGR groseros, más allá del ya multicitado y escandaloso montaje. Uno de los ejemplos más claros tiene que ver con el reconocimiento que tres víctimas hicieron de la voz de Vallarta en una grabación de negociación del plagio.
Dicho reconocimiento resultaba dudoso, como la sentencia lo dice, pues ocurrió después de que Vallarta fuera exhibido en todos los medios como un “secuestrador y líder de la banda de Los Zodiaco” por los policías de García Luna, lo que inevitablemente sugestionó a las víctimas. Para salvar este obstáculo la FGR tenía, no obstante, una alternativa: añadir un peritaje en materia de audio que acreditara que la voz en la grabación era la de Vallarta. No tenía problema para hacerlo: estaban los audios y estaba el presunto responsable capturado.
Sin embargo, la FGR no lo hizo. No aportó la prueba técnica elemental que respaldara que la voz era la misma. ¿Quién si lo hizo en cambio? La defensa de Vallarta, quien entregó un amplio dictamen pericial avalado por dos especialistas en “Foniatría forense” que concluía que la voz de Vallarta NO era la de la grabación del rescate. Y como la jueza dijo: esta dictamen cobra vida como prueba plena porque ni siquiera había estudio similar de la fiscalía para contrarrestarlo.
Ejemplos de este tipo sobran en la sentencia y tienen un común denominador: un trabajo deficiente de los fiscales a cargo, que trasciende al montaje de 2005.
El fin de semana un amigo me preguntó “oye pero sin choros legales, ¿es o no es inocente Vallarta?”. La pregunta, por si sola, es reveladora. Nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad donde lo que debería ser más importante, el absoluto respeto a los derechos humanos y al debido proceso (elemental justicia pues), es reducido a un segundo plano, como si de formalismos (o choros) se tratara a cambio de una dizque “justicia” por decreto… por lo que creo… o por linchamiento.
El hecho de que aun habiendo una sentencia ABSOLUTORIA y definitiva del caso Vallarta haya quienes se pregunten de si es “realmente inocente” lo demuestra.
Un apunte final para aquellos convencidos de que “Israel Vallarta es un secuestrador”. Revisen el caso, revisen los documentos, indaguen. No opten por el camino fácil de la descalificación del juzgador, de la verborrea de suposiciones y acusaciones, que tanto le encantaban al presidente anterior. Muchos que lo criticaron por ello, hoy hacen lo mismo.
Y después de revisar e indagar enfoquen su reclamo hacia lo que es claro: una investigación de casi dos décadas repletas de corrupción, ineficiencia y negligencia.
Son los policías y fiscales a quienes sí deberían llamar a rendir cuentas.
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