El doble homicidio de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno Clara Brugada, representa mucho más que un episodio trágico de violencia en la Ciudad de México. Lo ocurrido el 20 de mayo de 2025 en Calzada de Tlalpan fue un acto calculado con precisión quirúrgica, donde cada movimiento —desde la vigilancia previa hasta la ruta de escape— fue diseñado para ejecutar un mensaje contundente: en la capital del país, alguien tiene el poder, los medios y la intención de desafiar al gobierno de frente, sin temor alguno a represalias inmediatas.
Las autoridades han anunciado la detención de 13 personas, seis de ellas directamente implicadas en la logística y ejecución del ataque. Entre ellas se encuentran presuntos responsables de planear la vigilancia, de esconder vehículos y de operar la red de apoyo que facilitó la huida de los asesinos. Pero la pieza central del rompecabezas permanece ausente: el tirador. Ese hombre con chaleco fluorescente que, en cuestión de segundos, disparó contra Ximena y José, arrancándoles la vida. Su captura no es solo un trámite judicial: es la llave que puede abrir la puerta hacia la verdad.
Porque solo al conocer quién apretó el gatillo podremos responder la pregunta que atraviesa a este caso: ¿quién ordenó el ataque?. El autor material es más que un ejecutor; es el eslabón directo entre los autores intelectuales y la violencia desatada. Encontrarlo permitiría identificar de qué lado proviene el poder real capaz de vulnerar al círculo más cercano de la máxima autoridad capitalina.
La investigación revela un operativo de múltiples capas: una camioneta Urvan para trasladar la motocicleta usada en el ataque, autos de vigilancia siguiendo a las víctimas desde días antes, un Nissan Kicks para facilitar la huida, rutas cuidadosamente ensayadas y hasta la decisión de abortar la primera fecha planeada, el 14 de mayo, porque las rutinas de las víctimas no coincidieron. Estos detalles evidencian que no se trató de un crimen improvisado ni de un arranque de violencia espontáneo. Fue un acto de planeación militarizada, que exigió recursos, tiempo, inteligencia y complicidad.
En este punto surgen dos posibles explicaciones, ambas de enorme gravedad. La primera: un móvil político. Un mensaje contra la jefa de Gobierno, un intento de demostrar vulnerabilidad, de romper la idea de control y seguridad en la capital. Un ataque que, por su naturaleza, busca alterar el equilibrio del poder en la Ciudad de México.
La segunda: un móvil criminal. Un golpe de la delincuencia organizada, que cada vez se adentra más en la política local y que recurre a la violencia como herramienta de presión o advertencia. No se trata de hipótesis excluyentes: en México, la frontera entre la política y el crimen organizado es difusa, y con frecuencia ambas dimensiones terminan entrelazadas.
Lo que hoy está en juego es mucho más que la resolución de un caso. Es la credibilidad del Estado mexicano para garantizar que nadie puede ser asesinado en plena vía pública con total impunidad. La captura del tirador es la prueba de fuego: su rostro, sus vínculos y sus protectores dirán si detrás del ataque hubo intereses políticos, criminales o ambos.
Sin esa captura, la sociedad seguirá atrapada en un laberinto de rumores, especulaciones y desinformación, donde la verdad se fragmenta como en un espejo roto. Y mientras tanto, la impunidad enviará el mensaje más peligroso de todos: que cualquiera con los recursos y la voluntad puede desafiar al poder sin consecuencias.
Ximena Guzmán y José Muñoz no deben convertirse en nombres olvidados en la estadística de homicidios. Su asesinato debe ser el parteaguas que obligue a ir más allá de los arrestos inmediatos y a desmantelar la red que se atrevió a desafiar al gobierno de la capital. Solo encontrando al hombre que disparó y a quienes lo enviaron será posible responder la pregunta que duele y que arde: ¿quién manda realmente en la Ciudad de México?
X: @filibertocruz
