Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles que el senador Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado y exgobernador de Tabasco, no cuenta con ninguna carpeta de investigación por su presunta relación con el caso de la organización criminal La Barredora. La mandataria precisó que las indagatorias se concentran en Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la administración de López Hernández, quien sí enfrenta una orden de aprehensión por delitos como extorsión, secuestro y asociación delictuosa.
Sheinbaum explicó que la inteligencia militar continúa recabando información de diversas fuentes, incluyendo reportajes periodísticos y testimonios, pero aclaró que hasta el momento no se ha encontrado evidencia suficiente para abrir una investigación formal contra el senador. “Lo que hay es información bruta que, de convertirse en evidencia contundente, podría derivar en una denuncia ante el Ministerio Público”, señaló la presidenta, enfatizando que en su gobierno no se encubre a nadie, pero tampoco se actúa sin pruebas concretas.
La declaración presidencial ocurre en un contexto de creciente interés mediático por el caso, particularmente después de la reciente captura en Jalisco de Ulises Pinto Madera, alias “El Pinto” o “El 13”, identificado como segundo al mando de La Barredora. Sheinbaum destacó esta detención como un avance significativo en la investigación, junto con la aprehensión en Paraguay de un familiar del grupo delictivo.
El caso La Barredora ha generado controversia política debido a los señalamientos sobre posibles vínculos entre el crimen organizado y funcionarios tabasqueños durante el gobierno de Adán Augusto López (2013-2018). La organización, asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría operado con impunidad en la entidad, dedicándose a extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto.
La postura de Sheinbaum marca un respaldo explícito al senador morenista, quien ha negado categóricamente cualquier relación con las actividades ilícitas de su excolaborador. Sin embargo, la mandataria dejó abierta la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe evaluando nueva evidencia que pudiera surgir en el futuro.
Este posicionamiento contrasta con las críticas de la oposición, que ha exigido una investigación más exhaustiva sobre las responsabilidades políticas en el caso. Analistas jurídicos consultados señalan que la ausencia de una carpeta de investigación formal no descarta eventuales procesos legales, pero sí refleja los desafíos para vincular a altos funcionarios con redes criminales operadas por sus subordinados.
Mientras tanto, las autoridades federales mantienen operativos para desarticular los remanentes de La Barredora, organización que según reportes de inteligencia habría extendido sus operaciones a varias entidades del sureste mexicano. El desarrollo de este caso podría tener implicaciones políticas relevantes, considerando el perfil nacional de Adán Augusto López como una de las figuras clave del partido gobernante.
La Fiscalía General de la República no ha emitido declaraciones recientes sobre el estatus de sus investigaciones respecto a posibles nexos entre la clase política y este grupo delictivo. Las próximas semanas serán clave para determinar si las pesquisas derivan en nuevas órdenes de aprehensión o si, como sostiene la versión presidencial, no existen elementos para vincular a más funcionarios con las actividades de La Barredora.
