La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los reportes del New York Times que revelaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva para autorizar el uso de fuerza militar contra cárteles latinoamericanos considerados organizaciones terroristas. Sheinbaum aseguró que esta medida no afectará el territorio mexicano y descartó cualquier intervención armada de Estados Unidos en el país.
“Ya me había adelantado algo el presidente (Trump) que venía una orden así, pero no tiene que ver con el territorio mexicano”, declaró la mandataria. Agregó que, de acuerdo con la información recibida, las acciones se llevarían a cabo en otro lugar o territorio estadounidense. “Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión, eso está completamente descartado”, enfatizó.
La orden ejecutiva, firmada por Trump tras su regreso a la presidencia en enero, está dirigida al Pentágono y busca intensificar la lucha contra el narcotráfico, en particular el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. Según fuentes cercanas al tema, la medida permitiría operaciones militares directas en aguas internacionales y, potencialmente, en territorio extranjero, contra grupos como el Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cártel de los Soles de Venezuela.
Sheinbaum reiteró que las agencias estadounidenses operan en México bajo regulaciones estrictas y en coordinación con las autoridades locales. “Nosotros colaboramos con respeto a nuestra soberanía”, afirmó. Además, confirmó que el gobierno mexicano fue informado previamente sobre la orden y que esta no incluye la participación de militares o instituciones extranjeras en suelo nacional.
Hasta el momento, el Departamento de Defensa de EEUU no ha emitido declaraciones públicas sobre el tema, mientras se analizan las implicaciones legales y diplomáticas de la directiva. La administración Trump ya había desplegado previamente a la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera sur para reforzar la vigilancia contra el narcotráfico.
Esta orden representa la estrategia más agresiva de Trump contra los cárteles, aunque su implementación enfrenta cuestionamientos sobre posibles violaciones al derecho internacional. Mientras tanto, el gobierno mexicano mantiene su postura de cooperación bilateral, siempre bajo el principio de no intervención.
