El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) obtuvo una sentencia favorable que ordena al Congreso y al Gobierno del Estado de Durango crear una ley local que regule la Declaración Especial de Ausencia (DEA), un mecanismo jurídico diseñado para proteger los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias. La resolución, emitida el pasado 29 de agosto por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango, surge tras una demanda de amparo presentada el 25 de abril de 2025 y busca subsanar la omisión legislativa que persistía en la entidad a pesar de un mandato federal establecido desde 2017.
La Declaración Especial de Ausencia es una figura legal que permite reconocer judicialmente la presunción de vida de la persona ausente y con ello salvaguardar sus derechos patrimoniales y familiares. Gracias a este recurso, las familias de personas desaparecidas pueden, por ejemplo, acceder a cuentas bancarias, cobrar pensiones o realizar trámites legales esenciales sin que este acto administrativo implique la suspensión o el abandono de la búsqueda de su ser querido. Se trata de un instrumento que combina la protección inmediata de la economía familiar con la preservación de la esperanza y la continuidad de las investigaciones.
Aunque desde 2017 la Ley General en Materia de Desaparición Forzada estableció la obligación de contar con esta figura en todas las entidades federativas del país, varios estados, incluido Durango, no habían cumplido con esta disposición legal. Esta omisión legislativa mantenía en un estado de desamparo jurídico y administrativo a numerosas familias duranguenses que enfrentan la desaparición de un familiar, privándolas de herramientas legales para gestionar asuntos urgentes.
Ante esta omisión persistente, el IFDP, a través de su Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, presentó el 25 de abril de 2025 una demanda de amparo en representación de las víctimas directas de esta situación. El juicio promovido no solo señaló la falta de legislación local que desarrollara la figura, sino que también destacó la insuficiente capacitación a las autoridades locales y la ausencia de recursos presupuestarios suficientes para aplicar la norma de manera efectiva, elementos todos necesarios para su correcta implementación.
El pasado 29 de agosto, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango emitió una sentencia definitiva que concede el amparo solicitado por el IFDP. La resolución judicial no solo reconoce el derecho de las familias a contar con este mecanismo, sino que emite órdenes específicas a las autoridades estatales. Estas incluyen la creación de la ley correspondiente en el ámbito local, la destinación de un presupuesto suficiente para su operatividad y la garantía de formación necesaria para el personal que deberá ponerla en marcha, asegurando así su efectividad práctica.
Esta decisión judicial representa un paso fundamental para que las familias de personas desaparecidas en Durango puedan acceder a un mecanismo ágil y sin trabas burocráticas, que brinde certeza legal y protección integral a sus derechos mientras continúan en la incansable búsqueda de sus seres queridos. La sentencia sienta un precedente importante en la materialización de derechos previamente reconocidos en papel pero no garantizados en la práctica. Con esta acción legal y su resultado favorable, el IFDP reafirma su compromiso institucional de garantizar el acceso a la justicia y a los derechos fundamentales de las familias de personas desaparecidas, llenando un vacío legal que exacerbaba su dolor y vulnerabilidad.
