El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, la reforma a la Ley de Amparo en los mismos términos que la Cámara de Diputados le devolvió unas horas antes, sin turnarla a comisiones y manteniendo sin modificaciones el artículo transitorio que generó polémica por su posible carácter retroactivo. Con 83 votos a favor y 38 en contra, el dictamen fue impulsado por Morena, PT y PVEM, y forma parte del paquete de reformas promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La reforma aprobada modifica la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El debate en el Senado se prolongó hasta la madrugada del jueves, con una sesión de trámite urgente y sin dictamen de comisiones, lo que generó críticas de la oposición, que calificó el procedimiento como una imposición política.
La minuta, enviada por la Cámara de Diputados, incorporó ajustes al artículo tercero transitorio, así como a los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, con el objetivo de precisar que la reforma se aplicará únicamente a las etapas procesales pendientes de resolución en los juicios en curso y no a los ya concluidos. Según Morena, esta modificación busca evitar la retroactividad de la norma y garantizar certeza jurídica.
Sin embargo, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que el cambio constituye una “simulación jurídica” que mantiene el propósito de restringir la suspensión del acto reclamado y limitar el interés legítimo de los ciudadanos para interponer amparos contra actos de autoridad.
El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, quien anteriormente se había manifestado en contra de la versión original, defendió que la nueva redacción “ataja cualquier problema de retroactividad”. “Con la misma contundencia con la que rechacé la redacción original, hoy digo que esta redacción zanja el problema. No me parece retroactiva, sino que resuelve cualquier posible interpretación de retroactividad en materia procesal”, afirmó durante la sesión.
Pese a ello, la oposición insistió en que el Senado avaló una minuta sin un verdadero análisis jurídico. La senadora Claudia Anaya, del PRI, reprochó que el oficialismo “pretendió simular” el carácter no retroactivo de la reforma y propuso impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante una acción de inconstitucionalidad. “Si están tan seguros de lo que están haciendo, firmemos la acción de inconstitucionalidad. Faltan tres firmas”, retó desde tribuna.
Por su parte, la senadora Guadalupe Murguía, del PAN, advirtió que la reforma “debilita el juicio de amparo” al restringir el interés legítimo de los ciudadanos y limitar la suspensión del acto reclamado, figura que impide que los actos de autoridad causen daños irreparables antes de resolverse el fondo del juicio. “La supuesta corrección a la retroactividad fue una cortina de humo. Esta ley busca blindar al gobierno y limitar los derechos ciudadanos. No es una reforma pro persona, sino pro gobierno”, dijo.
En contraste, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, sostuvo que los cambios aprobados “perfeccionan la redacción” y mantienen “el espíritu de la Cuarta Transformación”, al evitar abusos del juicio de amparo en materia fiscal. “El amparo no puede ser refugio de quienes delinquen ni herramienta para perpetuar la desigualdad. Esta ley le devuelve su sentido original: proteger al pueblo, no a los poderosos”, afirmó.
Huerta agregó que “más de dos mil 400 amparos directos y mil 600 indirectos fueron promovidos por un solo contribuyente” para evadir el pago de impuestos, lo que, dijo, justificó la necesidad de reformar la norma.
La presidenta Claudia Sheinbaum había manifestado previamente su respaldo a los ajustes realizados por la Cámara de Diputados, destacando que la redacción “es prácticamente la misma propuesta presentada por el ministro en retiro Arturo Zaldívar”, y que “se apega a criterios previos de la Suprema Corte”. Sheinbaum sostuvo que la reforma busca dar certeza jurídica sin afectar los procesos en curso y reiteró que “no hay retroactividad”.
El bloque opositor, sin embargo, insistió en que el Senado omitió un debate de fondo y aprobó el dictamen sin discutirlo en comisiones, lo que consideró un precedente preocupante para el proceso legislativo. La minuta, enviada de inmediato al Ejecutivo federal, será promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación una vez que se cumplan los plazos constitucionales, entrando en vigor de manera formal en los próximos días.
La sesión fue una de las más tensas del periodo ordinario. Mientras el oficialismo defendía la necesidad de “actualizar el sistema de amparo”, la oposición denunció que la reforma busca restringir los mecanismos de defensa de la ciudadanía frente a posibles abusos del poder público.
La votación final reflejó la correlación de fuerzas en la Cámara Alta: Morena, PT y PVEM sumaron 83 votos a favor, mientras que PAN, PRI, MC y Grupo Plural reunieron 38 en contra. El dictamen fue aprobado sin reservas adicionales, ratificando el texto que la Cámara de Diputados había avalado apenas unas horas antes.
Con la aprobación del Senado, el paquete de reformas en materia de justicia administrativa y amparo impulsado por el Ejecutivo federal quedó listo para su promulgación. Expertos en derecho constitucional anticipan que diversas organizaciones podrían promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, argumentando posibles violaciones al principio de no retroactividad y a las garantías de protección judicial efectiva.
