Tras siete horas de debate, el Senado de la República aprobó en trámite exprés la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, sin modificar la minuta enviada por la Cámara de Diputados tras una sesión de 24 horas con 17 minutos; el decreto fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.
La votación se realizó de manera directa en el Pleno luego de que la Junta de Coordinación Política impulsara que el proyecto no fuera turnado a comisiones, lo que permitió que el asunto avanzara con rapidez en la Cámara Alta.
Una vez recibida la minuta proveniente de San Lázaro, se envió de inmediato al Pleno para su discusión. En lo general, la propuesta obtuvo 85 votos a favor y 36 en contra; en lo particular, se registraron 82 votos a favor y 34 en contra. Con ello, se avalaron modificaciones profundas al régimen de concesiones y herencias del agua, entre ellas el cambio al Artículo 22, que elimina la transmisión directa entre particulares y establece que cualquier compraventa, sucesión o fusión deberá pasar por una reasignación emitida por la Autoridad del Agua, responsable de entregar un nuevo título con el mismo volumen y uso.
El dictamen también incorpora un mecanismo de reasignaciones exprés, previsto en el Artículo 37 Bis 1, que permite otorgar nuevos títulos en un plazo máximo de 20 días hábiles sin revisar la disponibilidad de las cuencas, un punto que críticos consideran riesgoso por posibles escenarios de discrecionalidad. Otro cambio destacado es el refuerzo al vínculo tierra-agua mediante el Artículo 49, que obliga a expedir un nuevo título cada vez que se venda o herede el predio vinculado a una concesión, conservando su volumen incluso en zonas sobreexplotadas.
En materia de sanciones, se añadieron nuevos delitos por extracción ilegal, establecidos en el Artículo 123 Bis 3, y se endurecieron penas contra funcionarios que otorguen concesiones o prórrogas a cambio de beneficios personales, previstas en el Artículo 123 Bis 5, con castigos que podrían alcanzar hasta 14 años de prisión. Además, se creó un fondo de reserva para concentrar volúmenes recuperados de títulos extinguidos, los cuales no se contabilizarán como disponibilidad y solo podrán destinarse a nuevas reasignaciones, en espera de un reglamento que defina su operación.
Al inicio de la discusión, la Mesa Directiva del Senado consultó al Pleno si el asunto se consideraba de urgente resolución para tratarse de inmediato. Con 83 votos a favor y 27 en contra, se aprobó continuar sin los trámites ordinarios. Antes del debate de fondo, el PAN presentó una moción suspensiva que fue rechazada. Al exponerla, el senador Ricardo Anaya acusó al bloque mayoritario de buscar “el control del agua” y sostuvo que el oficialismo mantenía un discurso falso contra acaparadores del recurso. También señaló que un legislador del bloque mayoritario tendría concesiones de mayor volumen que las atribuidas a panistas señalados.
En respuesta, el senador Adán Augusto López Hernández defendió la agenda legislativa del bloque mayoritario y afirmó que no buscan mayor poder político, al señalar que “ese ya nos lo dio la mayoría del pueblo en las urnas”. Agregó que las reformas impulsadas responden a compromisos y recordó avances como la reforma al Poder Judicial y la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante los posicionamientos, la senadora Paloma Sánchez, del PRI, afirmó que la ley se elaboró sin consultar a los pueblos indígenas y acusó que pretende centralizar la administración del agua, reasignar volúmenes según conveniencia y limitar la competencia para productores agropecuarios. Señaló que el campo enfrenta una situación crítica, motivo por el cual la población rural se ha movilizado.
En contraste, la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, sostuvo que la ley protege al pequeño productor, al ejidatario y a los campesinos, y que pone fin a abusos de quienes, dijo, desvían agua hacia negocios industriales encubiertos. Afirmó que la reforma endurece sanciones y persigue penalmente el robo de agua, conductas que antes solo se consideraban faltas administrativas.
Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, dijo que el derecho al agua debe ser protegido, pero advirtió que la iniciativa abre puertas a controles gubernamentales con fines políticos y fomenta la discrecionalidad, lo que derivaría en corrupción. También cuestionó que no se incluyera la figura de consulta indígena dentro de la nueva legislación hídrica.
En la defensa de la propuesta, la senadora Edith López Hernández, de Morena, señaló que actores del pasado buscan presentarse como víctimas y aseguró que la reforma no vulnera a agricultores ni a pueblos indígenas. Argumentó que la ley pretende ordenar el otorgamiento de concesiones, erradicar simulaciones y garantizar el derecho humano al agua, además de reconocer los derechos de los pueblos originarios.
La sesión de este jueves estaba citada inicialmente a las 8:00 horas, pero posteriormente se cambió a las 10:30. Durante la tarde, alrededor de las 14:00 horas, se decretó un receso ante la inminente llegada de la minuta para poder discutirla y votarla. Los trabajos se reanudaron después de las 16:00 horas, momento en que se activó el trámite fast track.
Horas antes, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, había anticipado que propondría que la minuta no se turnara a comisiones. Señaló que en la Cámara de Diputados se realizó “un trabajo exhaustivo”, con foros y consultas ciudadanas, por lo que los senadores estarían conformes con el documento. También advirtió que persistían actores que buscan frenar la reforma y afirmó que “ya fueron atendidas todas las demandas”, aunque reconoció la existencia de intereses políticos y acusó a acaparadores de promover manipulación en torno al tema.
