El ejército estadounidense ejecutó un segundo ataque el 2 de septiembre un ataque contra un barco sospechoso de transportar drogas en el Caribe, luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara “matar a todos” a bordo, según dos fuentes consultadas por el diario The Washington Post. El operativo derivó en un segundo ataque instantes después del primero, luego de que se detectaran sobrevivientes.
Ese ataque inicial se convirtió en el primero de una serie de acciones regulares contra presuntos narcotraficantes en la región. Aunque el primer impacto pareció inutilizar la embarcación y provocar muertes, el ejército evaluó que aún había sobrevivientes en el agua. Conforme a las fuentes, la misión realizó un segundo ataque para causar la muerte de los tripulantes restantes, elevando el total de fallecidos a 11 y hundiendo por completo el barco involucrado.
Según una de las fuentes, Hegseth había instruido antes de la operación que el ataque asegurara la muerte de todos a bordo, aunque no está claro si fue informado acerca de los sobrevivientes antes de que se efectuara el segundo ataque. Ese mismo día, el presidente Donald Trump anunció el operativo y las muertes, sin que el gobierno reconociera públicamente que algunas personas habían sobrevivido al primer impacto.
Trump declaró posteriormente que las acciones terrestres para detener presuntas redes de narcotráfico en Venezuela podrían comenzar “muy pronto”, mientras continuaban las dudas sobre la legalidad de la campaña militar en Latinoamérica. Autoridades citadas por CNN señalaron que se desconoce la identidad de todas las personas que viajaban en las embarcaciones atacadas por Estados Unidos antes de los operativos.
La representante demócrata Madeleine Dean expresó preocupación por el número de embarcaciones detonadas sin consulta al Congreso. En declaraciones a CNN, señaló que revisó documentos en un centro de información confidencial y afirmó que no halló evidencia que justificara los hundimientos ni las muertes. Las fuentes informadas sobre el ataque de “doble toque” dijeron que temen que la acción pudiera violar la ley de los conflictos armados, que prohíbe ejecutar a combatientes enemigos que ya no pueden luchar por lesión o rendición.
Sarah Harrison, exasesora general asociada del Pentágono, declaró que las acciones infringirían la ley, ya que implicarían la muerte de civiles o la ejecución de personas consideradas fuera de combate, lo cual exige un trato humano. Los detalles del operativo fueron reportados inicialmente por The Intercept y The Washington Post.
Las fuentes señalaron que el ejército sabía de la presencia de supervivientes en el agua tras el primer ataque, pero aun así ejecutó el segundo para hundir la embarcación y matar al resto de los tripulantes. En sesiones informativas posteriores, funcionarios del Pentágono dijeron a legisladores que el segundo ataque se realizó para evitar que el barco representara un riesgo para la navegación.
Fuentes relacionadas con la operación indicaron que el ejército estadounidense ha atacado embarcaciones en varias ocasiones para hundirlas, pero el caso del 2 de septiembre sería el único en el que se mató deliberadamente a sobrevivientes. No se aclaró por qué no se les rescató, especialmente considerando que en un ataque posterior, en octubre, dos sobrevivientes fueron rescatados.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que el ataque del 2 de septiembre se dirigió contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados en el área del Comando Sur. El gobierno ha intentado justificar legalmente los ataques afirmando que los ocupantes de las embarcaciones están vinculados con alrededor de dos docenas de cárteles que, según la administración, mantienen un conflicto armado con Estados Unidos. La Casa Blanca sostiene que las acciones cumplen con el Derecho de los Conflictos Armados, diseñado para evitar ataques contra civiles.
Expertos legales citados por CNN señalan que los presuntos narcotraficantes son civiles y no combatientes, lo que convertiría los ataques en ejecuciones extrajudiciales. Antes de septiembre, las operaciones contra el tráfico de drogas estaban a cargo de fuerzas del orden y la Guardia Costera, y los sospechosos recibían trato conforme al debido proceso legal.
Una opinión legal clasificada del Departamento de Justicia, emitida en verano, argumentó que el presidente está autorizado para ordenar ataques letales contra 24 cárteles y organizaciones criminales en defensa propia, al considerar que representan una amenaza inminente para estadounidenses. No obstante, las fuentes indicaron que en al menos un caso una embarcación se alejaba de Estados Unidos antes de ser atacada, y los sobrevivientes del 2 de septiembre se encontraban incapacitados, sin representar una amenaza inmediata.
Funcionarios de defensa de Estados Unidos y aliados han expresado dudas sobre la legalidad de la campaña. El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, ofreció dejar su cargo tras cuestionar la legalidad de los ataques en una reunión con Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto. Está previsto que Holsey abandone su puesto en diciembre, un año después de asumir la jefatura del SOUTHCOM.
Abogados especializados en derecho internacional del Departamento de Defensa también han manifestado preocupación por la legalidad de las operaciones. Varios abogados uniformados, tanto en servicio como retirados, afirmaron que los ataques no parecen ajustarse a la ley. Además, el Reino Unido dejó de compartir inteligencia con Estados Unidos sobre presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe para evitar ser implicado en operaciones que considera ilegales, según informó CNN.
