La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió la destitución inmediata de Javier Tapia Santoyo después de documentar desvíos de recursos públicos y presunto ocultamiento patrimonial. De acuerdo con lo publicado este lunes por el diario Reforma, el funcionario habría concretado contratos irregulares mientras desempeñaba cargos clave tanto en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El rotativo detalló que la dependencia identificó que Tapia Santoyo acumuló ventajas económicas no declaradas, lo que constituiría faltas administrativas graves. Las irregularidades fueron detectadas durante revisiones internas y en expedientes iniciados meses atrás. La autoridad anticorrupción señaló que estos hallazgos incluyeron tanto prácticas en contrataciones como movimientos financieros vinculados a periodos en los que el funcionario ejerció responsabilidades directivas.
La investigación estableció que Tapia Santoyo enfrentó señalamientos por su participación en procesos de contratación de servicios de limpieza en el IPN. Según los documentos oficiales, estos procedimientos presentaron múltiples anomalías. Las indagatorias precisaron que el funcionario autorizó mecanismos que redujeron la competencia entre proveedores y mostraron un patrón de adjudicaciones dirigidas.
Entre los contratos bajo sospecha, los expedientes internos destacaron uno por 2 mil 500 millones de pesos otorgado a Servicios Integrales Retimar. La compañía ha sido señalada como parte del llamado “Cártel de la limpieza” debido a su participación en diversas contrataciones públicas. Funcionarios consultados indicaron que trabajadores de limpieza del IPN habían protestado días antes por pagos atrasados, y los documentos oficiales apuntaron que esta inconformidad coincidió con la revisión de contratos firmados por Tapia Santoyo.
La dependencia anticorrupción también verificó operaciones realizadas entre 2019 y 2022, periodo en que Tapia fungió como tesorero del ISSSTE. Registros financieros mostraron depósitos en cuentas bancarias del funcionario y en empresas con las que mantenía vínculos. Los expedientes identificaron como relacionadas a Human Mobile Systems y Labi Scientific.
La revisión del ISSSTE documentó que el entonces tesorero presuntamente destinó recursos públicos a la compra de insumos médicos mediante una red de empresas fantasma. Entre las compañías señaladas se encuentra Interacción Biomédica, que habría recibido más de mil 613 millones de pesos. Las autoridades indicaron que estos pagos se realizaron a través de procedimientos administrativos que ya eran analizados desde antes de que se formalizara la solicitud de destitución.
En cuanto al contrato de limpieza del IPN, el informe estableció que Tapia Santoyo redujo deliberadamente la participación de posibles competidores. Los documentos de adjudicación mostraron que la contratación se efectuó de manera plurianual hasta 2028 por un monto superior a los 2 mil millones de pesos. Las instancias de control concluyeron que estas decisiones vulneraron las normas aplicables a la contratación pública.
Los sistemas de denuncia determinaron que los hechos configuraron enriquecimiento ilícito y abuso de funciones. Según los reportes internos, la Secretaría Administrativa del IPN fungió como área requirente en la operación, y Tapia Santoyo actuó como responsable directo en la emisión del contrato.
Como parte de las medidas inmediatas, la Secretaría Anticorrupción ordenó retirar al funcionario el acceso a su correo institucional y a todas las cuentas de los sistemas internos del IPN. La instrucción incluyó la suspensión del uso de recursos financieros, humanos y materiales asignados a su cargo, y fue emitida con carácter urgente.
El caso continúa su curso en las instancias correspondientes, mientras las revisiones internas avanzan y se mantienen activas las medidas de suspensión ordenadas por la dependencia anticorrupción.
