El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, confirmó que el actual pleno no resolverá el controvertido tema de la prisión preventiva oficiosa, dejando la decisión al próximo grupo de ministros. Durante una entrevista en Radio Fórmula, Laynez argumentó que no hay condiciones para resolver el asunto “a la carrera”, pese a que la Corte lleva más de año y medio analizando el tema que afecta a cerca de 70,000 personas en México.
La prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 constitucional, permite encarcelar a personas sin sentencia en una veintena de los llamados delitos graves. Esta figura ha sido declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2023, que ordenó su eliminación. Sin embargo, el gobierno mexicano no solo ha incumplido la sentencia -que es vinculante-, sino que ha ampliado el catálogo de delitos aplicables.
El ministro Laynez reconoció el dilema jurídico: “¿Puede ser la Constitución inconstitucional?”. Esta pregunta ha dominado los debates en la SCJN desde 2022 sin llegar a consenso. Mientras, casos documentados muestran a personas inocentes hasta 17 años en prisión sin sentencia, evidenciando cómo la medida afecta principalmente a quienes no tienen recursos para una defensa adecuada.
Dos iniciativas clave quedaron pendientes: el expediente 3/2023 del ministro Jorge Pardo -que busca alinear la práctica judicial con el fallo de la CIDH- y la acción de inconstitucionalidad 49/2021 de la ministra Margarita Ríos Farjat, que propone que los jueces analicen caso por caso, eliminando el carácter automático de la medida.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha defendido la prisión preventiva oficiosa como herramienta contra el crimen organizado. La Consejería Jurídica incluso envió oficios a la SCJN pidiendo no resolver el tema, en lo que críticos califican como una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial.
Organizaciones de derechos humanos han documentado cómo la prisión preventiva oficiosa se ha convertido en herramienta de extorsión para algunas fiscalías, violando el principio de presunción de inocencia. El aplazamiento de la decisión mantiene en incertidumbre a miles de personas que podrían estar encarceladas injustamente.
Este aplazamiento representa otro capítulo en el complejo debate entre seguridad pública y garantías individuales que ha marcado la política criminal mexicana en los últimos años, dejando en espera una solución que reconcilie el marco constitucional con los estándares internacionales de justicia.
