Un hombre que ha permanecido 13 años en prisión preventiva sin que se le haya dictado sentencia y, que fue torturado física y sexualmente durante su detención, podría obtener su libertad, así como acceder a medidas reparatorias, gracias a una resolución emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Corte resolvió el amparo 760/2023, promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en representación del señor identificado como “Manuel”, de 71 años, quien permanece encarcelado en el Cefereso 15 de Chiapas, acusado del delito de secuestro, pero sin haber sido sentenciado.
El señor Manuel fue detenido el 28 de junio de 2012 por agentes de la extinta Policía Federal en Temixco, Morelos. Su caso se conoció cuando, estando preso en el penal de Almoloya, Estado de México, una psicóloga de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, lo entrevistó y le detalló su situación. El señor le explicó que trabajaba como albañil cuando fue detenido de manera arbitraria.
“A mí me violaron en mi detención, fue un día horrible que pasé, de la que no quisiera hablar, me duele mucho lo que me hicieron, me dolió cuando me lo hicieron, pero me duele más ahora porque siento que no tenían derecho a eso, si me hubieran golpeado nada nada más, pero no, tenían que humillarme así, se burlaban de mí, aun los escucho, ni siquiera las mujeres policías fueron capaz de apiadarse de mí, señorita, eran cuatro mujeres, que no solo me golpearon, también se burlaban de mí. Esto es lo más doloroso que a uno le puede pasar, acabaron conmigo, mejor me hubieran matado. Me golpearon mucho, muy feo, pero cuando decían ‘hay que violarlo’, yo pensé que no lo harían, porque también había mujeres policías; lo decían con groserías, pero eso no me dolía, sino cuando sentí el palo de mi azadón, no sé cuánto tiempo lo tuve, pero fue poco tiempo, porque yo gritaba, lloraba del dolor”, detalló Manuel en esa entrevista.
Luego de su aprehensión un juez dictó formal prisión contra Manuel por los delitos de delincuencia organizada y secuestro y así ha permanecido encarcelado sin que se le haya dictado sentencia. Durante todos esos años se logró documentar la tortura de la cual fue víctima e incluso se giraron órdenes de aprehensión contra algunos policías que lo vulneraron, pero su situación legal siguió siendo la misma a pesar de que las declaraciones que lo incriminan fueron obtenidas bajo tortura.
Desde entonces, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública promovió varios recursos en favor del señor Manuel. Incluso presentó una comunicación individual ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, denunciando las violaciones a derechos humanos sufridas por los actos de tortura durante su detención. En respuesta, en mayo de 2021, el Comité dictó medidas provisionales solicitando al Estado mexicano garantizar atención médica y psicológica, considerar la sustitución de la prisión preventiva por una medida alternativa y adoptar medidas de protección para evitar posibles represalias.
Sin embargo, esas medidas no fueron cumplidas por lo que se promovió demanda de amparo indirecto. No obstante, el juzgado sobreseyó el juicio al considerar que los actos reclamados no se sustentaban solo porque se presentó una constancia de atención médica del señor Manuel. Fue debido a lo anterior que se interpuso recurso de revisión y la Primera Sala de la SCJN ejerció su facultad de atracción para conocer del caso hasta que hoy finalmente dictaminó.
De esta manera los ministros reivindican el derecho a la prohibición absoluta de la tortura y el derecho a la salud de las personas sobrevivientes de tortura. La SCJN le otorgó la protección constitucional a Manuel, para que la autoridad penitenciaria, en coordinación con el Sistema Nacional de Salud y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, le garanticen atención médica y psicológica especializada para su rehabilitación, así como el acceso efectivo a los derechos, mecanismos y procedimientos previstos en la Ley General de Víctimas.
Además, el proyecto reconoce que “el Estado durante el tiempo que ha mantenido al señor Manuel en detención, se le encuentra responsable de haber extendido la tortura y, en esa medida, torna la medida cautelar que actualmente cumple injustificada”. Además, la Corte analiza la ilicitud de la prisión preventiva impuesta.
El proyecto de los ministros contempla medidas de reparación integral, la determinación de posibles responsabilidades de los servidores públicos que prestaron servicios médicos en el sistema penitenciario y exige que se garantice la no repetición instruyendo el diseño de planes de capacitación en derechos humanos para el personal médico y administrativo de los centros penitenciarios. Se espera que esta resolución tenga impacto en otras víctimas en México que, como Manuel, han sufrido graves afectaciones físicas y psicológicas derivadas de actos de tortura y que se encuentran privadas de libertad.
Manuel tiene 71 años y sufre complicaciones de salud derivadas de la tortura, incluyendo una fractura de brazo mal atendida e hipertensión arterial sistémica. Jamás recibió atención médica apropiada en los penales del Estado de México, Jalisco y Chiapas donde ha estado preso.
Manuel permanece en prisión preventiva, acumulando más de 13 años sin sentencia. El pasado 16 de mayo, el Juez que conoce del proceso penal decretó el cierre de instrucción en la causa penal 9/2020, en la que Manuel se encuentra procesado. Una vez que las partes presenten sus escritos de conclusiones y se celebre la audiencia de vista, deberá dictarse sentencia, en la cual deberán excluirse las pruebas ilícitas obtenidas mediante violaciones a derechos humanos cometidas en su contra.
Al 30 de abril de 2025, 1,229 hombres y 138 mujeres que son representadas por el IFDP llevan más de 10 años en prisión preventiva sin sentencia de primera instancia, muchas de ellas sobrevivientes de tortura en su detención.
