La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vivirá mañana martes un momento histórico al celebrar la última sesión de su pleno bajo el modelo que rigió por casi tres décadas, desde 1995. Este acto marca el fin de una etapa fundamental para el Poder Judicial mexicano y da paso a una nueva configuración derivada de la reforma judicial aprobada en 2024, que transformará radicalmente la estructura y funcionamiento del máximo tribunal del país.
El sistema que hoy llega a su fin se estableció durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando se redujo el número de ministros de 26 a 11 y se fijaron periodos de 15 años en el cargo. Este modelo permitió a la Corte ganar autonomía frente al presidencialismo que caracterizó al sistema político mexicano durante buena parte del siglo XX, convirtiéndose en un contrapeso fundamental en temas de derechos humanos, equilibrio de poderes y gobernabilidad democrática.
La reforma judicial impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada el año pasado, introduce cambios profundos: reduce a nueve el número de ministros, elimina las dos Salas que hasta ahora conocían de los asuntos (Primera y Segunda), establece periodos de 12 años sin derecho a pensión, y establece que en el futuro los ministros serán electos por voto popular. Estos cambios comenzarán a operar formalmente el próximo 1 de septiembre, cuando los nuevos integrantes tomen posesión.
La sesión de este martes tendrá un carácter especial, pues además de resolver los últimos asuntos pendientes (principalmente en materia electoral), funcionará como una ceremonia de clausura del modelo vigente. Se espera que los ministros salientes hagan un balance de su labor y marquen el tránsito hacia el nuevo sistema. Posteriormente, en los próximos días, se llevará a cabo la ceremonia formal de transmisión de mando, donde el ministro electo Hugo Aguilar Ortiz recibirá el bastón de mando de manos de representantes indígenas, en un acto cargado de simbolismo.
Este proceso de transición incluirá también la investidura formal de togas de los nuevos ministros. Las últimas semanas han estado marcadas por ceremonias de despedida en ambas Salas, donde se ha hecho patente la emoción de quienes durante años integraron el máximo tribunal. La presidenta saliente de la Corte, Norma Piña Hernández, ha mantenido discrepancias públicas con el Ejecutivo federal sobre el sentido de la reforma judicial, lo que añade tensión política al momento histórico.
El modelo que hoy concluye permitió a la SCJN consolidarse como el máximo intérprete de la Constitución y último recurso para la protección de derechos fundamentales. Durante casi 30 años, millones de mexicanos encontraron en la Corte el amparo contra abusos de autoridad, lo que le valió tanto reconocimientos como fuertes críticas. Su evolución refleja los cambios en la vida política nacional, desde el fin del sistema hegemónico de partido hasta la alternancia democrática y los nuevos desafíos del siglo XXI.
El nuevo modelo judicial llega acompañado de expectativas y cuestionamientos. Por un lado, sus promotores argumentan que democratizará la justicia al hacer más transparente la selección de ministros. Los críticos, en cambio, advierten sobre riesgos de politización y pérdida de autonomía. Lo cierto es que a partir de septiembre, la SCJN enfrentará el reto de administrar justicia bajo reglas completamente distintas, con una estructura más compacta y procedimientos renovados.
Este martes quedará marcado en la historia jurídica de México como el día en que se puso fin a una forma específica de entender e impartir justicia constitucional. Las actas de la sesión, los últimos votos y las resoluciones finales quedarán como testimonio documental de un modelo que, con sus aciertos y errores, definió durante tres décadas la vida institucional del país. A partir de mañana, comenzará a escribirse un nuevo capítulo cuya hoja de ruta aún presenta múltiples interrogantes para especialistas, litigantes y ciudadanos.
El cambio en la Suprema Corte forma parte de una transformación más amplia del sistema de justicia mexicano, que incluye también modificaciones al Consejo de la Judicatura Federal y al sistema de justicia cotidiana. Estos cambios ocurren en un contexto nacional marcado por desafíos en materia de seguridad, derechos humanos y combate a la corrupción, lo que añade presión sobre el nuevo modelo judicial para demostrar su eficacia en plazos relativamente cortos.
Mientras los ministros salientes preparan sus últimas intervenciones y los entrantes se alistan para asumir sus funciones, la comunidad jurídica nacional e internacional observa con atención este proceso de transición. Lo que hoy parece el final de una era bien podría ser recordado mañana como el inicio de una nueva etapa en la búsqueda permanente de un sistema de justicia más accesible, transparente y eficaz para todos los mexicanos. El tiempo dirá si estos cambios estructurales logran cumplir con las altas expectativas depositadas en ellos.
